Se repite todo de nuevo igual como en el anterior gobierno de Piñera, en 2010 a 2014. En esa oportunidad fue una verdadera razzia de trabajadores y no les importó nada. Es así como fueron despedidas personas que llevaban 20 y 25 años trabajando a honorarios, que obviamente no eran operadores políticos como los denominaron.
Cómo no recordar las promesas que hizo Piñera a los funcionarios públicos durante la campaña anterior. Que no se preocuparan porque nadie sería despedido, les envió una carta. Su hermana Magdalena se paraba en las afueras de los ministerios y les entregaba cartas y dípticos a los trabajadores con promesas que nunca cumplieron.
Ahora está pasando lo mismo, porque en la segunda vuelta volvieron a ofrecerles estabilidad a los trabajadores fiscales. Pero luego Piñera hizo un llamado a los trabajadores a tener tranquilidad y que los buenos serán respetados. Más tarde se refirió despectivamente a los funcionarios al decir que hay que “cortar la grasa” ahora se sabe que se están preparando para despedir a todos los que no estén en su línea, escudándose en aquello de que son operadores políticos.
Todos saben quiénes son los operadores políticos y normalmente, no son los trabajadores comunes y corrientes.
Operadores políticos
Sobre todo el último tiempo los operadores políticos dejaron de estar entre los trabajadores sino que más bien se da en las altas esferas políticas, gente que pertenece a un partido, que tiene un compromiso con esa tienda partidaria. Y lo que vimos en los últimos años fue otro tipo de operador político o acaso, ¿todos los ex colaboradores de Piñera que se instalaron en las oficinas de Apoquindo no eran operadores políticos?
Claramente lo eran, porque estaban pendientes de todo lo que se decía en contra del gobierno de Piñera y salían en su defensa. Y no solo eso, también se dedicaron a desprestigiar al gobierno y a la Presidenta Bachelet desde el primer día tras dejar La Moneda. Se organizaron muy bien y lograron su objetivo de volver a La Moneda.
No es una situación grata la que están viviendo los trabajadores del sector público. A través de los medios de comunicación se enteran de los planes que hay para ellos. Como que la Fundación Guzmán preparó un instructivo para despedir a funcionarios públicos desde marzo.
Según se ha sabido, el documento está dirigido a ministros y subsecretarios y se centra en la forma de despedir a quienes "no son de confianza política del Gobierno" de Piñera. Las nuevas autoridades "están en el legítimo derecho" de hacerlo, afirmó el abogado Máximo Pavez. Entonces, no era necesario ofrecerles falsas promesas.
Preparan exoneraciones
"Estamos preparando una serie de documentación técnica con el objeto de facilitar la instalación de ministros y subsecretarios, fundamentalmente en lo que dice relación con los equipos. Eso va desde qué personas se pueden integrar hasta cuáles son los requisitos para poder desvincular a los funcionarios que, o no cuenten con la confianza política del futuro Gobierno, como también poder ingresar nuevas personas en los puestos que hoy están ocupados por otros funcionarios", señaló Máximo Pavez, director del Área Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.
El abogado explicó que el objetivo es que las nuevas autoridades sepan "cómo proceder tanto en materia de nuevas contrataciones, pero fundamentalmente en cómo desvincular a funcionarios que no son de confianza política del Gobierno"; previniendo una futura judicialización.
"Las autoridades están en el legítimo derecho de armar los equipos de acuerdo a la confianza política que los futuros ministros y subsecretarios tengan", argumentó Pavez, quien comentó que el material se le entregará la próxima semana al comité político de Piñera.
El jurista agregó que el análisis aborda principalmente la situación de los funcionarios a contrata y honorario, "donde existe mayor flexibilidad de las autoridades para contratar a gente de su confianza política".
Indicó que tanto desde la Fundación como desde el futuro oficialismo han detectado casos de funcionarios a contrata cuyo vínculo con el Estado se ha renovado omitiendo la cláusula "hasta que sus servicios sean necesarios".
“Nos trató de grasa”
Consultado el presidente de la ANEF, Asociación Nacional Empleados Fiscales, Carlos Insunza sobre el tema señaló: “Las opiniones que han surgido en el entorno de presidente electo, Sebastián Piñera, han sido bastante variables. Nosotros dijimos en su momento el nivel de amenazas que han sufrido los trabajadores, tratarnos de grasa al descalificar la función pública, era una forma absolutamente errada de enfrentar el proceso de instalación del gobierno y lo que correspondía era que un gobierno que ingresa instale las autoridades políticas que corresponde a los cargos de confianza, que la legislación contempla pero, que en el caso de los trabajadores del Estado se trata de funcionarios permanentes y no del gobierno de turno”.
Insunza agregó que la Fundación Jaime Guzmán “sigue instalando públicamente esta idea de buscar caminos para despedir a los trabajadores con excusas. Resulta absolutamente preocupante y esperamos que las autoridades que sigan siendo nombradas en estos días no tomen ese camino”.
Aseguró que “los servicios públicos están al servicio de los ciudadanos, no están al servicio de quienes están a cargo de ellos durante un período de gobierno y para el Estado el costo que tiene este tipo de medidas quedó absolutamente graficado en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, donde se despidió a más de 11 mil trabajadores con grandes costos para las instituciones que, en muchos casos, quedaron sin las capacidades adecuadas para poder cumplir con las tareas que tienen por misión cada uno de los servicios”.
Cómo enfrentar los despidos
Por lo demás, hoy día existen marcos en la jurisprudencia administrativa y judiciales, lo único que van a provocar que se explote ese camino es un nivel de conflicto que se va a manifestar en el plano sindical y también en los planos oficiales en los casos que corresponda.
Por lo tanto, Insunza explica: “nosotros vamos a hacer un debate en nuestra organización para enfrentar este cambio de gobierno con el fin de establecer las plataformas para el período pero, también tomar todos los resguardos y medidas con el fin de que la ANEF y todas sus organizaciones sindicales públicas estén preparadas para enfrentar a las autoridades de gobierno que quieran instalarse con este tipo de mirada que, finalmente es totalmente es contradictoria con los discursos públicos que se expresan”.
“Se instala una crítica sobre supuestos operadores políticos a personas que tendrían asignadas funciones en el Estado que no cumplen, para cumplir misiones distintas pero, a la hora de instalar el gobierno lo único que se busca es usar al Estado como botín para instalar a personas de su propia confianza y eso evidentemente, no corresponde en la mirada de un Estado moderno. Vamos a tomar todas las medidas para contener y detener ese tipo de prácticas si es que llegaran a producirse”.
Precariedad laboral
En cuanto a los funcionarios con contratos a honorarios y contrata que son los que el gobierno de Piñera quiere echar, el dirigente manifestó: “Llevamos muchos años planteando la necesidad de resolver la precariedad laboral en el Estado. De hecho en el gobierno de la Presidenta Bachelet se ha producido un avance sustantivo en la regularización de trabajadores a honorarios y desde el año 2014 a 2017 pasaron 16 mil trabajadores a honorarios a contrata. Y para el año 2018 hay 8 mil vacantes para seguir con este proceso que están comprometidas en el Presupuesto 2018.”
En tanto el diputado Gabriel Silber dijo “lo que nosotros queremos evitar que el nuevo gobierno que asume vea al Estado como un botín del gobierno de turno. Y en consecuencia vamos a velar por la estabilidad funcionaria, por el respeto a los funcionarios públicos y entender que un traspaso de mando no implica que se parta de cero con todos los funcionarios públicos”.
En esa misma línea añadió que “cosa distinta son los ministros, subsecretarios que corresponden a los equipos que deben responder a la administración Piñera. Toda la administración pública debe, por el contrario, tener prescindencia del gobierno de turno porque cada vez que haya un cambio de gobierno se van a generar despidos masivos”.
“Los funcionarios a honorarios nunca fueron considerados por los gobiernos para que pudieran enfrentar en otras condiciones al nuevo gobierno, pero igual fiscalizaremos que no se cometan atropellos ni ilegalidades”.
