8 meses de cautiverio y casi dos meses de huelga de hambre llevan los jóvenes prisioneros políticos acusados por lo jamás probado; por un régimen que mortifica con inquina brutal la disidencia de las ideas y las formas de vivir distintas a las que reproducen al disciplinado consumidor y al cliente manso.
Como resumen del odio de la minoría mandante que organiza la miseria en Chile, el mal llamado “Caso Bombas” resulta un paradigma, un modelo ejemplar que persigue atemorizar las manifestaciones de descontento social, criminalizar la protesta legítima, y acentuar las condiciones de un Estado policial en el país.
El miércoles 13 de abril, en la acostumbrada manifestación pacífica de solidaridad de los familiares, amigos y personas de honda sensibilidad ante la situación de los prisioneros políticos, el centro de Santiago estaba copado de Carabineros y Fuerzas Especiales a lo largo de cuadras completas y bocacalles. Cualquier joven que pasara por allí en una de las horas punta de la Capital fue revisado por la policía. Y los que alcanzaron a cantar por la libertad de los prisioneros políticos fueron reprimidos dura e inmediatamente con gases y carros lanzaaguas. Se desconoce el número de detenidos y heridos.
El día anterior se había realizado una actividad solidaria, esta vez en la Plaza Ñuñoa, y el lunes 11 de abril un grupo de muchachos logró encaramarse a una pasarela a varios metros de altura de la Alameda, en la Plaza Italia, donde desplegaron un cartel por los mismos motivos. Allí también hubo detenidos.
Alejandra Morales es hermana de Pablo Morales, encerrado en el Módulo de Alta Seguridad dela Cárcel de Alta Seguridad por el caso en cuestión. El juez Alejandro Peña solicitó para él presidio perpetuo simple como supuesto ‘líder de asociación ilícita’. Alejandra dice que debido a la huelga de hambre, los jóvenes “están muy débiles, pero fuertes de espíritu. Han bajado entre 10 a 12 kilos”, y agrega que “con el traslado del fiscal Peña al Ministerio del Interior se confirma la condición eminentemente política del caso. Pablo fue prisionero político en la década de los 90’ y esta en su huelga de hambre número 17. Nuestra única expectativa es la verdad y la libertad”. Explica que “las pruebas son irrisorias” y siente que “estamos luchando contra Goliat. Hoy nos está tocando a nosotros en particular, pero la aplicación de la Ley Antiterrorista puede ser utilizada contra cualquier persona. Además, ¿cómo puede usarse una ley antiterrorista si en Chile no existe el terrorismo, según los propios organismos internacionales?”
Verónica Garín es pareja de Omar Hermosilla, también privado de libertad en el Módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad. El fiscal Peña pide para él 10 años de presidio por ‘asociación ilícita’ y tres años por ‘financista de la asociación’. Verónica tiene un hijo con Omar y cuenta que su pareja “estuvo detenido en los 90’ por ser miembro del Mapu-Lautaro. Luego salió en libertad condicional a fines de 1999, y jamás dejó de solidarizar con los compañeros aún detenidos en aquel entonces. El fiscal Peña lo acusa de ‘financista’ porque en septiembre de 2009 recibió un monto de 900 euros ($ 700 mil pesos, 4 sueldos mínimos) desde el extranjero para ayudar a los familiares de algunos prisioneros políticos, y para una biblioteca popular de una casa ocupa. Cuando lo detuvieron él trabajaba en una empresa desde hace 10 años, a la cual sigue vinculado, y no lo han despedido. Sus colegas de empleo se han organizado para hacer colectas y llevarle alimentos a la prisión”.
Omar fue presidente del Comité de Administración del Block 72 de la Villa Olímpica, inhabitable después del terremoto de febrero de 2010. Como damnificado, Omar fue dirigente, ganándose la animadversión del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat (ex miembro de la dictadura de Augusto Pinochet como alcalde designado en esa municipalidad en 1987).
Verónica, periodista profesional, relata que “el fiscal Peña ha presentado, entre otras pruebas ridículas, una enorme cantidad de libros, entre los que están incautados textos periodísticos que se venden en las cunetas y librerías del país. Nosotros no somos ni anarkistas ni ocupas. Desde el gobierno se ha intentado generar temor entre las personas y organizaciones sociales para que no apoyen la libertad de los prisioneros”.
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