En general somos un país con pésima memoria, media responsabilidad de nosotros, media responsabilidad de la prensa oficialista y su entrega de información completamente manipulada. Ahora con tantos incendios en el sur donde está involucrada la Forestal Mininco, empresa propiedad de la familia Matte, basta con mirar hacia el año 1999 para ver que esta empresa estuvo implicada en sendos autoatentados incendiarios, donde se culpó de todo a los Mapuche y el gobierno de esos años aplicó la Ley Anti-Terrorista. ¿Les suena conocida la historia?
Durante los años 1999 al 2001 debido a una escalada de incendios en el sur de Chile, el Gobierno “socialista” del Ricardo Lagos apoyando a los empresarios madereros, inició un operativo de inteligencia para reprimir, neutralizar, controlar y perseguir a los Mapuche. A continuación algunos casos señalados:
El senador Alejandro Navarro al interponer una denuncia ante el tribunal militar por la muerte de un anciano Mapuche a manos de carabineros en la comuna de Nueva Imperial. Ahí expresó ante algunos medios de comunicación que poseía antecedentes de que hay empresas forestales que en el marco del conflicto Mapuche se provocaban auto-atentados:
“Voy a entregar los informes elaborados por la Sección Forestal y Ecológica de Concepción, donde queda establecido tanto por peritajes de la Sección Forestal Ecológica de Carabineros, como por peritajes realizados por privados, de que los incendios son autoatentados, hechos por los guardias forestales”
Si bien causó algo de revuelo la información, esta nunca fue dada a conocer en detalle, sin embargo por información recabada por otras fuentes, esta denuncia habría apuntado a piezas de la causa rol 38.774-L del Juzgado de Yumbel, por los delitos de incendio forestal del Año 2001, donde incluiría un Informe pericial (67-2001) de fecha 19 de marzo de 2001.
Dicho informe acreditaría que 4 personas pertenecientes a la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Dedicada al rubro de la vigilancia privada de predios forestales, obligaron y amenazaron a un tercero para provocar diversos incendios forestales, presumiblemente con el objeto de justificar los contratos entre las forestales y la misma empresa de vigilancia. Un relato textual de este informe suscrito por Roberto Muñoz Sandoval, Sargento 2º, César Muñoz Astudillo, Cabo 2º, de la sección Forestal y Ecológica de Concepción señaló:
“Se determinó que la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Que cumple funciones de vigilancia predial, en los diferentes predios de las empresas forestales, tales como MININCO, CELCO, BOSQUES ARAUCO Y BIO BIO, no se encontraría autorizada para ejercer labores de vigilancia, infringiendo con ello el art. 5 bis del D.L. 3607. Ley de Vigilantes Privados, demostrando con esto por parte de la mencionada empresa la que es representada por José Roberto Escanden Pérez, una absoluta irresponsabilidad en su actuar, realizando su trabajo en forma fraudulenta, lucrándose económicamente de manera indiscriminada y maliciosamente de las empresas forestales, causando enormes daños económicos irreparables y a su vez una grave destrucción al medio ambiente, provocando confusión y alarma dentro de las empresas forestales.”
“Por lo que además se determinó que la empresa Forestal Santa Ana Ltda., cumple funciones de vigilancia privada en forma ilegal, actuando algunos de ellos en contravención a la Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y explosivos, por el porte ilegal de arma de fuego que es utilizado por algunos de ellos, presumiéndose además que dicha empresa es la única responsable de la totalidad de los siniestros forestales en calidad de autor, infringiendo con ello los artículo 476 inciso 3 y 482 del Código Penal (delito de incendio)”
A similares conclusiones habría llegado el perito judicial Aldo Gherardelli Maurer, en el “Peritaje de Incendios Forestales antiguos y ya extintos”, a requerimiento del Juzgado de Letras de Yumbel, en la misma causa (rol 38.774-L). Con estos antecedentes, según fuentes extra oficiales, algunos parlamentarios habrían estado dispuestos a solicitar un Ministro en visita para que se investigara estos antecedentes, entre ellos Navarro, sin embargo algo pasó que detuvo toda gestión al respecto.
El Desmantelamiento de los Entes Reguladores
Más allá del cierre de la Sección Forestal y Ecológica de Concepción la cual dejó de existir en octubre de 2001, a nivel País existían 12 secciones forestales (La Serena a Coihaique). Pero el Alto Mando suprimió todas.
Coincidentemente con esto, la Corporación de la madera (CORMA) cambió de presidente, saliendo José Ignacio Letamendi e ingresando el empresario latifundista con predios en conflicto con Comunidades y ex Ministro de la dictadura de Pinochet Fernando Leniz. Por cierto, como dato anecdótico y para que vean la clase de gente de la que hablamos, el año 2006, su hijo Francisco Leniz estafó al banco Security vendiendo un bosque talado por 400 millones de pesos (!)
El Caso de Leonardo Espinoza y el Incendio de Rucañanco
Tras el suicido en la ciudad de Santiago de un ex brigadista forestal Leonardo Espinoza, joven que tenía 20 años, aparecieron reveladores antecedentes que desenmascararon el rol de las brigadas de seguridad de empresas forestales ante los conflictos Mapuche.
El joven, antes de quitarse la vida, dejó unas cartas en las que narra graves episodios que le tocó vivir como brigadista forestal. Ante esto, su madre Leticia Fonseca entregó estos antecedentes a la justicia, en los que se revelaba que los propios brigadistas forestales incendiaron la casa patronal del Fundo Rucañanco de la Empresa Mininco para inculpar a los Mapuche, entre otros actos vandálicos. Jerson Espinoza, hermano del joven suicida, quien también se desempeñó como brigadista forestal, relató a la prensa lo siguiente (Diario Austral de Temuco, 06 de enero del 2000)
“Después que provocamos a los Mapuche, para nosotros la situación era incontrolable porque los habíamos hostigado demasiado. Teníamos que hostigar a las Comunidades para que se produjeran enfrentamientos y la opinión pública se enterara de las -atrocidades que cometían los Mapuche” “Los guardias de la empresa de seguridad que trabajaban como brigadistas para las empresas forestales, provocaban la mayoría de los conflictos. En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos; llenábamos sacos con arena para luego lanzarlos a los canales cercanos a las Comunidades para que el agua desbordara e inundara sus siembras”
“En las noches, cuando las Comunidades Mapuche realizaban sus Nguillatun (Ceremonias religiosas), brigadistas cortaban los Rewe (símbolo religioso), hecho que desataba la ira y colocaba la situación más tensa”
Estos actos según se afirmó, eran comportamientos para mantener y justificar sus puestos de trabajo de seguridad. Es importante recordar, que ante la quema de la casa patronal del Fundo Rucañanco de Forestal Mininco ocurrida el 01 de agosto de 1999, el Gerente de Relaciones Públicas de la propia empresa Rodrigo Hermosilla, acusó directamente a personas Mapuche, responsabilizando incluso al dirigente y ex vocero de la Coordinadora de Comunidades en conflicto Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf. Dicho “atentado”, fue uno de los principales motivos para que el Gobierno Regional aplicara la Ley de Seguridad del Estado en agosto de dicho año.
Todas estas diligencias acarrearon como consecuencia la militarización policial en el territorio Mapuche; la constante persecución y las injustas detenciones de diversos dirigentes y comuneros Mapuche. Las denuncias por autoatentados nunca fueron investigadas, por el contrario, siempre se acallaron. El diputado PPD Eugenio Tuma fue uno de los que promovió estas denuncias, pero siempre teniendo el cuidado de no involucrar a las empresas sino a sus “grupos de seguridad”, señalando al mismo medio el 6 de enero del 2000:
“No me cabe duda que las empresas de seguridad, por el hecho de estar vinculadas a ex agentes de seguridad, han sido cómplices de los actos vandálicos ocurridos en la zona con el fin de culpar a Comunidades Mapuche. Además las empresas de seguridad no cumplen con la ley laboral”
El Caso Pedro Cifuentes y Forestal Mininco.
En las denuncias realizadas por el obrero Pedro Cifuente, el 26 de agosto de 1999 a la prensa y el recurso judicial que se presentó para su protección ante el temor de represalias en su contra. Cifuentes involucró de manera directa a funcionarios de la empresa Forestal Mininco en los atentados. “La forestal me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa. Me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos. Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 mil pesos semanales”
“Me amenazó que tenía que trabajar para ellos y meterme dentro de las Comunidades, darle información de todo lo que pasaba dentro de la comunidad. Ellos, en muchas otras partes, han pagado a gente para que se infiltre en las Comunidades Mapuche”. Cifuentes no pudo sostener las mentiras en medio de un careo con los propios Ancalaf ante el Ministro en visita Julio César Grandón, señalando al mismo medio.
“Fue tanta la presión que tuve por mucho tiempo, cada paso que daba o donde iba me vigilaban. Declaré delante de ministro y fue ahí cuando me di cuenta que lo que estaba cometiendo era un error bastante grave, que estaba perjudicando a personas inocentes y me estaba perjudicando. Yo recibí el dinero que me ofrecieron.”
Pedro Cifuentes habría sido contactado para este plan por un tal Alex de Ruiz, sindicado en aquel tiempo como funcionario de la empresa forestal Mininco. De Ruíz habría convencido a Cifuentes para que acusara a los hermanos Ancalaf en los hechos de violencia, entre ellos, apedreamiento de vehículos, quema de casas, plantaciones, puentes, entre otros.
Otros Casos
Los relatos en anonimato de guardias forestales reconociendo la existencia de autoatentados a la prensa radial de Temuco (Bio Bio) que investigó y recopiló antecedentes durante el año 2000 y que fuese replicado como denuncia por algunos parlamentarios, entre ellos Guido Girardi (hoy senador) y el diputado por la novena región (distrito 51) Eugenio Tuma, son otros hechos que quedaron sin investigar.
Durante el año 2008 y hasta el 2010, el Senador RN Alberto Espina apoyado por el UDI Carlos Larraín manifestaron una y otra vez que había conexiones entre los Mapuche y la FARC Colombiana. Cuento corto, en noviembre del año pasado Espina tuvo que desdecirse ya que simplemente no había pruebas.
Imputaciones a Mapuche y Aplicaciones de Leyes Especiales y Represivas. Es necesario tener en cuenta que por declaraciones del Ex Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil para el gobierno de Ricardo Lagos, el año 2004 sería el año de culminación de la larga operación denominada “Paciencia”, iniciada el 2001 para contener al movimiento Mapuche (El Mercurio, 22/08/2004).
Al respecto, como se ha venido denunciando, existen Mapuche condenados incluso a más de 10 años de cárcel por delitos menores con penas absolutamente desproporcionadas, y con denuncias locales e internacionales de vicios procesales por los atentados incendiarios a los que se les ha dado la categoría de “terrorismo”, en tiempos donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas por autoatentados.
Una vez más, ¿No les parece conocida la historia?
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