El gobierno de Evo Morales explica que los conscriptos se encontraban persiguiendo a una banda de contrabandistas, ignorando el traspaso del borde limítrofe. El abogado de los soldados, Roberto Celedón, aseguró que los jóvenes “sólo llevaban 15 días en el puesto de control, por lo que no conocían mayormente el lugar”.
Bolivia también ha aprovechado el episodio para cuestionar a las fuerzas policiales chilenas sobre su compromiso con el combate al contrabando, denunciando a Carabineros de Chile por impedir el procedimiento de los soldados y dejar libres a los delincuentes.
Según constaría en la carpeta investigativa, el accionar de Carabineros se inició al recibir un aviso de los propios contrabandistas. Celedón explica que la detención de los bolivianos fue organizada "por un coronel de Carabineros desde Iquique", en un operativo que duró casi 6 horas.
La autoridad policial se habría encargado de impedir toda salida diplomática a la captura de los conscriptos.
El doble estándar
El incidente de los tres soldados extranjeros ha despertado una euforia de patriotismo en ambos países. No obstante, la inédita reacción de las autoridades chilenas no deja de sorprender.
En otras ocasiones, errores como el incurrido por los conscriptos bolivianos se han solucionado a través de vías diplomáticas. En junio de 2011, 14 soldados bolivianos fueron sorprendidos cruzando la frontera y devueltos inmediatamente a Bolivia, acompañándose una nota de protesta al cónsul general de Bolivia en Chile, Ramiro de la Fuente.
Lo mismo ocurrió cuando militares chilenos cruzaron involuntariamente la frontera con dirección a Perú, en febrero de 2012, mientras realizaban labores de señalización frente al deslizamiento de minas antipersona. El gobierno peruano prefirió una salida diplomática, con la respectiva nota de protesta ante la Cancillería chilena, sin detener a los soldados.
Por otra parte, el trato hacia los conscriptos bolivianos no es proporcional al otorgado a militares de otros países que sí incurren en delitos graves al interior del territorio chileno.
El gobierno de Sebastián Piñera se ha rehusado a investigar una amplia red de prostitución infantil que podría continuar operando en la Región de Valparaíso, con apoyo del servicio de inteligencia de la Armada, Ancla II, para ofrecer servicios sexuales a marines norteamericanos que participan en ejercicios conjuntos con fuerzas chilenas.
En 2009, Lester Andrew Santiago Gálvez, soldado estadounidense de 26 años y de origen filipino, fue detenido al interior del hotel Kenny’s de Valparaíso con una menor de 15 años. Pese a que al tripulante de la embarcación USS Makin Island fue formalizado por facilitar la prostitución en grado de tentado, luego se aplicó una suspensión condicional del procedimiento.
Santiago Gálvez fue expulsado del país sin enfrentar a la justicia, con sólo una prohibición de tres años de ingresar a Chile.
El entonces jefe de Seguridad Ciudadana del municipio de Viña del Mar, José Pazo, señaló a El Mercurio de Valparaíso que “cada vez que recalan estas naves, hay un abanico de ofertas que se les presentan” a los marinos extranjeros. Agregó que los militares poseen contactos “que los derivan con prostitutas y caen con menores”.
El caso tiene directa relación con la red de pedofilia denunciada en su momento por el ex detective Hector Guzmán Godoy, en la que la mayoría de los implicados eran funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI).
Guzmán compromete al fiscal nacional Sabas Chahuán, ya que éste “tenía o debía tener conocimiento” sobre las acusaciones de la menor Sabina Bustos Delgado, la cual también implicó a fiscales y jueces en la red, en el marco de la Operación Unitas de 2006.
El ex director de la PDI, Arturo Herrera, reconocido como “cliente” por la madre de una de las menores víctimas de explotación sexual, y como encubridor por la propia jefa nacional de delitos sexuales, prefecto Edita Salgado, continúa en la institución realizando clases en la Escuela de Investigaciones bajo el actual director, Marcos Vásquez.
Enfrentando a Hinzpeter por narcotráfico
Quizás uno de los momentos menos publicitados en el conflicto de los tres soldados bolivianos ocurrió cuando el Presidente Evo Morales cuestionó al gobierno chileno, pidiéndole “definirse de una vez si está a favor o en contra del narcotráfico”.
El ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, respondió duramente que “el gobierno del Presidente Piñera ha puesto a la lucha contra la delincuencia, el contrabando y el narcotráfico en el corazón de sus prioridades… No nos pidan definiciones a nosotros. Tenemos claro de qué lado estamos”.
El cuestionamiento del presidente boliviano podría encontrar justificación en la denuncia dada a conocer por el ex inspector Fernando Ulloa, quien involucra al Alto Mando de la PDI y al propio ministro Hinzpeter en una amplia red de narcotráfico.
De acuerdo a la grave acusación, funcionarios de la PDI, con el respaldo de la CIA y la DEA, transportaban todos los meses cerca de 300 kilos de cocaína desde Bolivia a Chile. Actualmente, la operación estaría siendo supervisada desde la Región de Arica y Parinacota por el prefecto inspector Luis Carreño, ex jefe del Departamento V de la PDI.
Las operaciones de narcotráfico de la CIA son conocidas ampliamente por Evo Morales.
En marzo de 2011, durante una ceremonia militar en La Paz, Morales exhibió el libro The Big White Lie del ex agente de la DEA, Michael Levine, el cual relata cómo la CIA patrocinó a grupos paramilitares bolivianos para tomar control del gobierno en 1980, bajo el coronel Luis Arce Gómez, y monopolizar así la producción de cocaína.
En 2008, Morales expulsó a la DEA del país por “realizar labores de espionaje y financiar grupos criminales para derrocar a su gobierno”.
La protección brindada a narcotraficantes por fuerzas policiales chilenas explica la desconfianza que Morales ha expresado hacia Carabineros por la detención de los jóvenes conscriptos, en un operativo que terminó por obstaculizar la aprehensión de contrabandistas aún prófugos de la justicia.
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