A pocas horas de que saliera humo blanco desde El Vaticano, el nuevo Papa Francisco I, ya enfrenta su primera polémica luego su nombramiento, por las críticas que genera su actuación durante la dictadura militar que sufrió Argentina entre los años 1976 y 1983 y con la cual se sostiene, habría colaborado al delatar a dos sacerdotes subordinados suyos que eran opositores al régimen.
Según indican los archivos de prensa de algunos medios trasandinos, en su calidad de provincial de la Compañía de Jesús, Bergoglio habría entregado a dos sacerdotes, Orlando Yorio y Francisco Jalics, a las autoridades militares.
“Ambos estuvieron secuestrados cinco meses a partir de mayo de 1976”, relata el periodista Horacio Verbitsky. En cambio nunca reaparecieron las cuatro catequistas y dos de sus esposos secuestrados dentro del mismo operativo. Entre ellos estaban Mónica Candelaria Mignone, hija del fundador del CELS, Emilio Mignone, y María Marta Vázquez Ocampo, de la presidente de Madres de Plaza de Mayo, Martha Ocampo de Vázquez.
Esta denuncia ya había circulado el año 2005 y muchos cardenales recibieron la información a través de correo electrónico. En estos años, mientras Benedicto XVI envejecía, el ahora flamante Papa decidió limpiar su imagen e, incluso, publicó un libro autobiográfico donde enfrenta las acusaciones, aunque rechaza cualquier vinculación con los secuestros.
Bergoglio dice en su libro que nunca respondió la acusación “para no hacerle el juego a nadie, no porque tuviese algo que ocultar”.
En el libro Iglesia y dictadura, editado en 1986 por el defensor de los DDHH, Emilio Mignone, se hace referencia a “la siniestra complicidad” con los militares, que “se encargaron de cumplir la tarea sucia de limpiar el patio interior de la Iglesia, con la aquiescencia de los prelados”.
Según el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, durante una reunión con la Junta Militar en 1976 el entonces presidente de la Conferencia Episcopal y vicario castrense, Adolfo Servando Tortolo, acordó que antes de detener a un sacerdote las Fuerzas Armadas avisarían al obispo respectivo. Agrega Mignone que “en algunas ocasiones la luz verde fue dada por los mismos obispos.
El 23 de mayo de 1976 la Infantería de Marina detuvo en el barrio del Bajo Flores al presbítero Orlando Yorio y lo mantuvo durante cinco meses en calidad de desaparecido. Una semana antes de la detención, el arzobispo Juan Carlos Aramburu le había retirado las licencias ministeriales, sin motivo ni explicación. Por distintas expresiones escuchadas por Yorio en su cautividad, resulta claro que la Armada interpretó tal decisión y, posiblemente, algunas manifestaciones críticas de su provincial jesuita, Jorge Bergoglio, como una autorización para proceder contra él. Sin duda, los militares habían advertido a ambos acerca de su supuesta peligrosidad”. Mignone se pregunta “qué dirá la historia de estos pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas”.
La versión de Bergoglio es que preocupado por la inminencia del golpe, temía por la suerte de los sacerdotes del asentamiento y les pidió que salieran de allí. Cuando los secuestraron, trató de localizarlos y procurar su libertad, así como ayudó a otros perseguidos. Sin embargo, uno de los sacerdotes secuestrados, Orlando Yorio, relató al periodista Verbitsky que “Bergoglio no nos avisó del peligro en ciernes” y “tampoco tengo ningún motivo para pensar que hizo algo por nuestra libertad, sino todo lo contrario”, dijo.
Los dos sacerdotes “fueron liberados por las gestiones de Emilio Mignone y la intercesión del Vaticano y no por la actuación de Bergoglio, que fue quien los entregó”, agregó Angélica Sosa de Mignone, Chela, la esposa durante medio siglo del fundador del CELS. Sus testimonios se incluyeron en la nota “La llaga abierta”, que se publicó el 9 de mayo de 1999. También se transmitieron allí las posiciones de Bergoglio y del otro cura secuestrado aquel día, Francisco Jalics.
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