Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos “pinchados”.
El Ministerio Público entregó en tribunales un oficio demoledor para Carabineros. Se acusa a sus efectivos de la pérdida de grabaciones de teléfonos intervenidos en uno de los juicios más complejos del último tiempo: la red de corrupción y torturas que tiene a 10 miembros de la PDI en la cárcel. También se informó del inició de una investigación penal. CIPER recrea todo lo ocurrido desde que falló el sistema de escuchas telefónicas del OS-7, en octubre de 2012, lo que se mantuvo en absoluto secreto, hasta el lunes 1 de julio, cuando el fiscal nacional notificó al general director de Carabineros de una investigación que busca establecer cuántas causas fueron afectadas, los responsables de la pérdida y la posible intervención de terceros.
Los hechos se desencadenaron en la noche del jueves 25 de octubre pasado en una sala especial del cuartel del OS-7 de Carabineros, en avenida La Paz (Recoleta). Allí funciona el sistema ETI de escuchas telefónicas, ordenadas por las fiscalías a Carabineros en todo el país. Un ruido inusual alertó al suboficial mayor Manuel Carrillo, uno de los tres encargados de que la máquina funcione las 24 horas del día. Carrillo nunca imaginó que el desperfecto que poco después constató, provocaría pérdidas aún no cuantificadas en los registros de pruebas para procesos judiciales clave. Ocho meses más tarde, aquel episodio que se mantuvo en absoluto secreto hasta hoy, gatillaría un escándalo mayor que el que en esos precisos días de octubre de 2012 estremecía al Ministerio del Interior y a las dos policías por las revelaciones hechas días antes por CIPER de las compras con millonarios sobreprecios de los equipos antidrogas del Plan Frontera Norte y que provocaron la inmediata salida del ex fiscal Alejandro Peña.
La gravedad del conflicto instalado lo grafica el inicio de una inédita investigación criminal contra Carabineros por parte del Ministerio Público. Así se lo notificó el lunes 1 de julio el fiscal nacional Sabas Chahuán al general director de Carabineros, Gustavo González Jure. “Obstrucción a la justicia” es el delito que la fiscalía acusa debido a la pérdida de grabaciones de interceptaciones telefónicas encargadas a Carabineros en un proceso de alta connotación: el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a la PDI en los últimos años y que tiene a diez de sus efectivos en prisión, acusados de 126 delitos, entre ellos corrupción y tortura (siete funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel y tres de la Brigada Móvil Metropolitana).
La información de la investigación iniciada contra Carabineros fue de inmediato comunicada además al ministro del Interior, Andrés Chadwick.
La notificación del fiscal Chahuán al general González Jure desencadenó de inmediato numerosos cursos de acción en Carabineros. El primero fue una reunión de emergencia convocada por el general Gonzalo Blu, director de Investigación Delictual y Drogas de la policía uniformada, con los jefes de dos importantes unidades bajo su mando, involucradas en los hechos denunciados por el Ministerio Público: OS-7 y OS-9. La situación apremiaba. La información entregada por el director indicaba que este viernes 5 de julio el controversial episodio se haría público. Había que preparar las respuestas.
El primer control de daños realizado por los mandos de los equipos operativos de Carabineros indicó que efectivamente había pérdidas en registros de escuchas telefónicas y lo más grave, que esa situación no fue informada al Ministerio Público durante los siguientes siete meses. A 48 horas de que el conflicto estallara en tribunales, había que blindarse. Efectivamente, este viernes 5 de julio, en la causa que se sigue contra diez efectivos de la PDI, el fiscal Emiliano Arias entregó un escrito que dejó en evidencia la ausencia de registros de “escuchas telefónicas” hechas por el OS-9 en ese proceso y el inicio de una investigación criminal contra Carabineros por su eventual responsabilidad en los hechos.
La investigación realizada por CIPER indica que no sería ese proceso el único afectado por pérdidas en las grabaciones de escuchas telefónicas. Así se desprende del mismo oficio enviado por el fiscal Arias al juez Fernando Guzmán, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en el que señala: Se dispuso el inicio de una investigación penal para establecer la causa de la falla del sistema, determinar qué otras investigaciones pudieron ser afectadas, la omisión de la comunicación oportuna del evento y las eventuales responsabilidades.
Artículo completo en http://ciperchile.cl/2013/07/05/choque-inedito-entre-el-ministerio-publico-y-carabineros-por-perdida-de-grabaciones-de-telefonos-“pinchados”/
El Ministerio Público entregó en tribunales un oficio demoledor para Carabineros. Se acusa a sus efectivos de la pérdida de grabaciones de teléfonos intervenidos en uno de los juicios más complejos del último tiempo: la red de corrupción y torturas que tiene a 10 miembros de la PDI en la cárcel. También se informó del inició de una investigación penal. CIPER recrea todo lo ocurrido desde que falló el sistema de escuchas telefónicas del OS-7, en octubre de 2012, lo que se mantuvo en absoluto secreto, hasta el lunes 1 de julio, cuando el fiscal nacional notificó al general director de Carabineros de una investigación que busca establecer cuántas causas fueron afectadas, los responsables de la pérdida y la posible intervención de terceros.
Los hechos se desencadenaron en la noche del jueves 25 de octubre pasado en una sala especial del cuartel del OS-7 de Carabineros, en avenida La Paz (Recoleta). Allí funciona el sistema ETI de escuchas telefónicas, ordenadas por las fiscalías a Carabineros en todo el país. Un ruido inusual alertó al suboficial mayor Manuel Carrillo, uno de los tres encargados de que la máquina funcione las 24 horas del día. Carrillo nunca imaginó que el desperfecto que poco después constató, provocaría pérdidas aún no cuantificadas en los registros de pruebas para procesos judiciales clave. Ocho meses más tarde, aquel episodio que se mantuvo en absoluto secreto hasta hoy, gatillaría un escándalo mayor que el que en esos precisos días de octubre de 2012 estremecía al Ministerio del Interior y a las dos policías por las revelaciones hechas días antes por CIPER de las compras con millonarios sobreprecios de los equipos antidrogas del Plan Frontera Norte y que provocaron la inmediata salida del ex fiscal Alejandro Peña.
La gravedad del conflicto instalado lo grafica el inicio de una inédita investigación criminal contra Carabineros por parte del Ministerio Público. Así se lo notificó el lunes 1 de julio el fiscal nacional Sabas Chahuán al general director de Carabineros, Gustavo González Jure. “Obstrucción a la justicia” es el delito que la fiscalía acusa debido a la pérdida de grabaciones de interceptaciones telefónicas encargadas a Carabineros en un proceso de alta connotación: el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a la PDI en los últimos años y que tiene a diez de sus efectivos en prisión, acusados de 126 delitos, entre ellos corrupción y tortura (siete funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel y tres de la Brigada Móvil Metropolitana).
La información de la investigación iniciada contra Carabineros fue de inmediato comunicada además al ministro del Interior, Andrés Chadwick.
La notificación del fiscal Chahuán al general González Jure desencadenó de inmediato numerosos cursos de acción en Carabineros. El primero fue una reunión de emergencia convocada por el general Gonzalo Blu, director de Investigación Delictual y Drogas de la policía uniformada, con los jefes de dos importantes unidades bajo su mando, involucradas en los hechos denunciados por el Ministerio Público: OS-7 y OS-9. La situación apremiaba. La información entregada por el director indicaba que este viernes 5 de julio el controversial episodio se haría público. Había que preparar las respuestas.
El primer control de daños realizado por los mandos de los equipos operativos de Carabineros indicó que efectivamente había pérdidas en registros de escuchas telefónicas y lo más grave, que esa situación no fue informada al Ministerio Público durante los siguientes siete meses. A 48 horas de que el conflicto estallara en tribunales, había que blindarse. Efectivamente, este viernes 5 de julio, en la causa que se sigue contra diez efectivos de la PDI, el fiscal Emiliano Arias entregó un escrito que dejó en evidencia la ausencia de registros de “escuchas telefónicas” hechas por el OS-9 en ese proceso y el inicio de una investigación criminal contra Carabineros por su eventual responsabilidad en los hechos.
La investigación realizada por CIPER indica que no sería ese proceso el único afectado por pérdidas en las grabaciones de escuchas telefónicas. Así se desprende del mismo oficio enviado por el fiscal Arias al juez Fernando Guzmán, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en el que señala: Se dispuso el inicio de una investigación penal para establecer la causa de la falla del sistema, determinar qué otras investigaciones pudieron ser afectadas, la omisión de la comunicación oportuna del evento y las eventuales responsabilidades.
Artículo completo en http://ciperchile.cl/2013/07/05/choque-inedito-entre-el-ministerio-publico-y-carabineros-por-perdida-de-grabaciones-de-telefonos-“pinchados”/
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