Los trabajadores portuarios llegaron al Ministerio del Trabajo, en Santiago, a denunciar públicamente la imposibilidad de organizarse en un sindicato único que englobe trabajadores con contrato indefinido y a portuarios eventuales, es decir, contratados por horas, esto a propósito de las movilizaciones que llevan adelante los trabajadores de los puertos de Mejillones, Antofagasta, Angamos, Coloso y Esperanza.
Sergio Vargas, vocero de la Unión Portuaria de Chile, destacó que en esta movilización existe una motivación que va más allá de lo económico, exigiéndose derechos para los trabajadores.
“La negociación de los contratados es reglada por ley, nosotros, los eventuales, no tenemos derecho a negociación, porque no tenemos vínculo con la empresa. Por lo tanto, lo que hoy marcan, es una condición distinta, los portuarios dejaron un poco de lado lo económico, hoy lo que defienden son derechos. El derecho principal que se defiende es poder unificarse los contratados y los eventuales con un mismo sindicato, esta es la diferencia que va a marcar esta movilización”, esgrimió.
En tanto, Eduardo Araya, también vocero de la Unión Portuaria, denunció a Radio Universidad de Chile irregularidades desde la Inspección del Trabajo de Antofagasta al aprobar, en primera instancia, una negociación en conjunto con trabajadores contratados y eventuales, para posteriormente anular la decisión argumentando que la ley prohíbe la unión.
Prácticas antisindicales
Cabe destacar que Ultraport, entre cuyos dueños figura el polémico empresario Sven Von Appen, el mismo que declarara que “si Bachelet tiene mal manejo económico, buscamos otro Pinochet”, ha recibido constantes acusaciones por parte de los sindicatos, al no permitir el derecho a negociación colectiva y limitado la libertad sindical.
La empresa tiene una red que se extiende a lo largo de todo el país y se dedica a embarcar concentrado de cobre y productos asociados, recibiendo desde fuera maquinarias y repuestos utilizados en minería.
Este hecho ocasiona la existencia de trabajadores eventuales, que desempeñan sus labores durante 7 horas y media, pero pierden todo vínculo con la empresa, quedando sin la protección de sus derechos laborales y sin el derecho de negociación.
Otro punto importante de esta movilización, es la exigencia de justicia para Herman Godoy, trabajador eventual fallecido el 24 de diciembre de 2012 mientras trabajaba, pero cuyo deceso la compañía atribuyó a causas naturales.
La huelga comenzó el pasado 23 de diciembre, involucrando a más de 200 trabajadores de los puertos de Angamos, Mejillones, Antofagasta, Coloso y Esperanza. Asimismo, en la Unión Portuaria señalan que transcurridos los 15 días hábiles que permite la ley para la negociación colectiva, los trabajadores portuarios de todo Chile paralizarán.
Por parte de la empresa, en un comunicado presentado sobre la huelga iniciada este 23 de diciembre, puntualizaron haber agotado las múltiples instancias de diálogo, incluido un período de mediación por parte de la Dirección del Trabajo, acusando además supuestos actos de “amedrentamiento” y “violencia” por parte de los trabajadores.
Los trabajadores, en tanto, insisten en que tanto el organismo estatal y la empresa están “coludidos”, denunciando además presiones a los dirigentes sindicales para que depongan las movilizaciones.
Apoyo
Los trabajadores no se encuentran solos en sus demandas, ya que reciben apoyo desde Antofagasta por parte de estudiantes universitarios que por iniciativa propia, han decidido sumarse a las movilizaciones. Asimismo, Sebastián Aylwin, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), enfatizó que seguirán respaldando a los diversos sindicatos por la defensa y lucha de sus derechos.
“Queremos recuperar la soberanía de nuestros recursos naturales, de la educación. Creemos que es un proceso que todo Chile ha comenzado a dar y tenemos que unirnos, porque este es un proceso por el cual recuperaremos nuestras vías, recuperaremos nuestros derechos, que han sido usurpados durante 30 años y entregados al mercado y a unas pocas familias que hacen con ellos lo que quieren. Sentimos que su lucha, es también nuestra, que seguirá vigente hasta que tengamos educación pública, gratuita y de calidad y recursos naturales que estén entregados a todos los chilenos”, señaló.
En tanto, el presidente de la Confederación Bancaria, Luis Mesina, emplazó a las autoridades de Gobierno a dejar de proteger a los privados.
“La institucionalidad que le da el sustento al Estado chileno es la que ha permitido estas prácticas. El ordenamiento jurídico, el Código del Trabajo, el poder Legislativo –que es decorativo en este país-, todo este país está diseñado para que los grupos de poder puedan aplicar sus planes estratégicos de concentración de la economía sobre la explotación más brutal que se hace en Chile, eso es lo que permite que los empresarios de Chile se pavoneen exhibiendo resultados ante sus pares, pero esconde la miseria tras esos resultados”, aseguró.
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