Se trataría de Raúl Castro Antipán, quien confesó, en medio del juicio por el “Caso Peaje Quino”, haber trabajado como agente infiltrado de Carabineros y cometido variados delitos.
Este lunes comenzó en Angol el juicio oral contra dos comuneros mapuche, Juan Queipul Millanao y Luis Marileo Cariqueo, que son acusados por la fiscalía y el gobierno de haber participado en el asalto a la plaza de peajes Quino en Victoria, Región de La Araucanía. El juicio, denominado “Caso Peaje Quino“, ha causado revuelo, ya que los dos imputados eran menores de edad al momento de ocurrir los hechos, en octubre de 2009, pero pese a que existe la prohibición legal de juzgar a menores de edad por la Ley Antiterrorista, se han utilizado, como lo demostró un reportaje realizado por nuestro sitio, elementos de esta polémica ley, como los testigos protegidos, para realizar las acusaciones correspondientes. Todo esto, teniendo como antecedente, el que los 8 adultos procesados por el mismo hecho, ya fueron absueltos por la justicia, ya que no se pudo comprobar su participación en los hechos, por parte de los abogados del Ministerio del Interior.
En el marco de la presentación de pruebas contra los dos imputados, el segundo día del juicio se presentó en el estrado Raúl Castro Antipán, uno de los testigos protegidos que declararán contra los dos jóvenes mapuche. Según un abogado experto en el tema “lo que se está utilizando acá no es precisamente la figura del testigo protegido, sino que la del delator pagado, que es una persona que está dispuesta a mostrarse, contar de que la fiscalía le pague un monto acordado para entregar su testimonio. Este tipo de testimonios tienen muy poca credibilidad, ya que se prestan para malos entendidos. En cualquier momento los acusadores podrían pagar a alguien, y darle toda la protección policial que corresponde, para que declare algo que es falso”.
raul castroPero más allá de los cuestionamientos a la figura del testigo protegido o delator pagado, las declaraciones de Raúl Castro Antipán abrieron una arista que es mucho más grave. En su testimonio, el hombre reconoció ante el Tribunal de Angol haber trabajado como agente infiltrado de Carabineros en los movimientos de resistencia mapuche y haber realizado, en conjunto con otras personas, diversos atentados incendiarios en la región de La Araucanía. Específicamente, el funcionario habría trabajado para la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR), que ya ha sido cuestionada en otras oportunidades, por haber sido parte de montajes como el del Caso Bombas o el del joven paquistaní acusado de prácticas terroristas.
Casto Antipán reconoció haber estado trabajando para la DIPOLCAR como infiltrado en el movimiento mapuche y, en esta condición, cometido delitos como porte ilegal de armas, atentados incendiarios y haber participado en el asalto al peaje Quino, por eso se hacía presente como testigo de que los dos jóvenes habrían participado efectivamente en el hecho, según su relato. En su calidad de delator pagado, el Estado chileno le cancelaría un sueldo y le proveería de una vivienda y la seguridad suficiente para que siguiera articulando su trabajo como delator. Además, cercanos a organizaciones mapuche declararon a EnAltavoz que “todo pareciera indicar que no solo se le cancela un sueldo y el Estado lo mantiene completamente para que entregue este tipo de testimonios, sino que también le pagarían los estudios“.
En la página web de la Comunidad Autónoma Temucuicui reconocieron la grave situación y señalaron que Raúl Castro Antipán “fue contratado por Carabineros de la DIPOLCAR de Temuco, para infiltrarse en la Organización Mapuche Coordinadora Arauco Malleco, función que cumplió desde el mes de febrero del año 2009. Hoy recibe sueldo, departamento, alimentación y seguridad, en un lugar que por seguridad solicitó no revelar, todo esto con el compromiso de entregar declaración en los diferentes juicios en contra de comuneros mapuche”. Y no sería la primera vez que Castro Antipán declara contra otros jóvenes mapuche en un juicio, sino que ya participó como testigo en el caso de Emilio Berkhoff, donde lo acusó de pertenecer a la Coordinadora Arauco Malleco, considerada por el gobierno como una “organización terrorista”.
Así mismo, organizaciones de Derechos Humanos volvieron a denunciar el que el Estado chileno está permitiendo que se juzgue a menores de edad utilizando elementos de la Ley Antiterrorista y además anunciaron que presentarán una querella ante la justicia militar, contra el agente Raúl Castro y todas las personas que resulten responsables.
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