El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo, encargó a un grupo de abogados el análisis de la Ley Antiterrorista (18.314) y mantiene en evaluación su aplicación a nivel nacional. Sin embargo, la normativa ya fue invocada por la actual administración siete días después de que Michelle Bachelet asumiera el poder.
Según informa hoy El Mercurio, el 18 de marzo, la Intendencia Metropolitana invocó la Ley 18.314 cuando presentó -ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto- su acusación particular como querellante en la investigación contra Víctor Montoya Encina, joven de 23 años acusado de colocar una bomba en un retén de Carabineros de Las Vizcachas en febrero de 2013.
Durante las jornadas de preparación de este juicio oral, la Fiscalía Sur, y demás intervinientes, presentaron ante la justicia las pruebas con las que intentarán probar que Montoya es autor de este "bombazo".
En las audiencias, según consta en los audios, el querellante del Gobierno, Mauricio Jara, ratificó su posición frente a este caso, que, jurídicamente, no cambió con la nueva administración. "Los hechos descritos a juicio de este acusador institucional son constitutivos de los delitos de colocación de artefacto explosivo terrorista, previsto y sancionado en el artículo 2 Nº 4 en relación a los artículos 1 y 3 de la Ley Nº 18.314", dice el documento.
Junto con esto, el Gobierno solicitó que el joven sea declarado culpable del delito frustrado de "homicidio de carabinero en servicio, previsto y sancionado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar", en relación a las lesiones con las que resultaron dos uniformados producto de la explosión.
Por ambos ilícitos, el querellante pidió a la justicia que Montoya sea condenado a 15 años y un día de cárcel.
Modificar la postura jurídica
El Tribunal Oral de Puente Alto fijará en los próximos días la fecha para que Montoya sea juzgado. En el auto de apertura, visado por el magistrado Rodrigo Vergara, se consignó la postura del Gobierno frente a este "bombazo", que es la única investigación con imputado que se encuentra vigente por colocación de artefacto explosivo.
En estricto rigor, cualquier interviniente puede modificar la calificación jurídica -incluso- cuando ya se ha iniciado el juicio oral. Lo único que no puede hacer un querellante o la fiscalía es modificar "la descripción fáctica" de los hechos.
Consultado sobre por qué el Gobierno invocó esta ley, el abogado Mauricio Jara dijo que no podía referirse al respecto.
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