Cada vez que venden un producto, los trabajadores de Cruz Verde introducen su código en el computador. Los medicamentos “de marca”, los que la empresa quiere que se vendan, aparecen en la pantalla con una estrella. El vendedor ofrece esos medicamentos para poder alcanzar su meta mensual de venta.
Cruz Verde tiene un sistema de medición en la venta de productos y medicamentos. A sus trabajadores les exige alcanzar dos metas de ventas mensuales: canastas superiores (medicamentos) y canastas inferiores (perfumería). Esta práctica es conocida en el rubro como la “canela”. Según cuentan los trabajadores de la empresa, ambas son difíciles de alcanzar, ya que cada una es cercana o superior a los $10 millones mensuales. De lograrlo, reciben un bono de $15 a $30 mil. El rango varía dependiendo de dónde esté la farmacia.
“Te obligan a vender un producto por sobre otro. Nosotros lo que queremos es no trabajar más a base de comisiones”, dice el presidente del Sindicato N° 1 de Trabajadores de Farmacias Cruz Verde, Pedro Beltrán. “Prácticamente tenemos que engañar al cliente y ofrecer un medicamento que por economía no le conviene, pero que nos genera las ‘lucas’ para llegar a la meta mensual. Queremos un contrato fijo con el que podamos vender tranquilos. No que la empresa nos pida constantemente que lleguemos a las metas y que, si no lo logras, te amenacen con despedir o cambiar de local”, agrega.
El sistema de comisiones es una de las dos razones por las que 844 de los 5 mil trabajadores de Cruz Verde están en huelga hace 29 días. Otro de los puntos que demandan es un reajuste del sueldo base de $225 mil a $300 mil. La empresa hasta el momento sólo ha respondido en una ocasión, según Beltrán, ofreciendo un reajuste de tres mil pesos. “Nosotros no vamos a firmar un contrato colectivo por cuatro años y por tres mil pesos. No lo vamos a hacer”, recalca.
MERCADO EN CRECIMIENTO
El mercado de los medicamentos en Chile ha experimentado en los últimos años un aumento sostenido de sus ventas. Esta fue una de las razones por las que el Instituto de Salud Pública (ISP) creó el año pasado el Centro Nacional de Farmacoeconomía (Cenafar). De acuerdo a un estudio realizado por el organismo en diciembre de 2013, el 90% del valor de ventas del mercado nacional lo ocuparon las tres principales cadenas de farmacias: Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand.
Sobre el volumen de ventas, el Ministerio de Economía reportó que las tres mayores cadenas de farmacias tuvieron el 2012 ingresos por US$1.500 millones, un poco más de $731 mil millones. Según el mismo documento, desde el 2008 las farmacias han tenido un crecimiento de ventas entre el 7% y 8% anual.
Cruz Verde es una de las cadenas con mayor presencia en el mercado. El hombre detrás del negocio es Guillermo Harding Alvarado. Comenzó en 1984, cuando abrió la primera farmacia junto a su hermano, Juan Carlos, en Viña del Mar. Desde entonces todo fue crecimiento, hasta que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó su demanda ante el Tribunal de la Libre Competencia por colusión en los precios de las tres principales cadenas farmacéuticas.
Durante el tiempo que duró este proceso, Cruz Verde utilizó una estrategia que apuntó a dilatar el juicio. Tal como publicó El Mostrador en su momento, la empresa presentó siete recursos y contrató a 21 abogados, entre ellos, a un ex fiscal nacional económico. Pero no ganó ninguno y gastó –según calculan abogados de la plaza– entre US$ 1,5 millones y US$ 2 millones.
CAMBIA EL ESCENARIO
La nueva Ley de Fármacos, que promulgó el gobierno de Sebastián Piñera el 14 de febrero, impide que las farmacias pongan incentivos para la venta de medicamentos. Recién a mediados de agosto vence el plazo para que las empresas terminen con esta práctica.
A partir de entonces, la fiscalización estará en manos del ISP. La jefa de la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed), Pamela Milla, dice que el organismo tiene cinco fiscalizadores para el tema, pero en agosto esperan llegar a diez. “Igualmente cada uno de los técnicos del ISP puede actuar como fiscalizador. En el fondo, todos somos fiscalizadores, pero cada uno tiene su tema. En el resto de las regiones lo ven las Seremis. Para los contratos lo más probable es que nos ayude la Dirección del Trabajo”, agrega.
Milla cuenta que desde el 14 de agosto “nuestra responsabilidad será ver que no esté la ‘canela’ en los contratos y en los movimientos comerciales asociados a porcentajes por ventas de medicamentos. Los contratos nuevos (desde el 14 de febrero) no debieran tener esos porcentajes”. Además, agrega que la Dirección del Trabajo está preparando un dictamen, ya que en la fiscalización se incluirán aspectos como la base de cálculo para el sueldo fijo de los trabajadores y las condiciones laborales.
Por su parte, el presidente del Sindicato, Pedro Beltrán, cuenta que aún no han recibido respuestas de la empresa. “La última instancia que tenemos como sindicato, ya que no se ha logrado el objetivo, es llegar al artículo 369 que congelaría por 18 meses el contrato colectivo. Después, retomaríamos la negociación y ahí podríamos tener más chances”, explica. En el sindicato aún no definen fecha para realizar la votación, pero Beltrán asegura que cuenta con los votos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario