El Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, concurrieron nuevamente a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para analizar los mecanismos de entrega de información sobre violaciones a los Derechos Humanos.
En la instancia, el PC Guillermo Teillier y el PPD Jorge Tarud manifestaron a Gómez la inconveniencia de que el Ejército tenga contratados a ex miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Ante tales argumentos, el Ministro de Defensa aludió a la existencia de una ley secreta, que dictaminó el paso a planta de más de mil doscientos ex miembros de la CNI, de los que aún quedan 36 en servicio activo. El resto de la dotación, recibe pensiones.
“Lo que hizo esa ley secreta fue trasladar a los mil doscientos CNI al Ejército, los que hoy están en una planta en extinción. Esa gente se ha ido de la institución a medida que se van cumpliendo los requisitos, aunque quedan en la actualidad 36. Eso es lo que existe como ley hoy día”, explicó Gómez.
El diputado Tarud señaló que la existencia de leyes secretas es inconstitucional y atentatorio contra la democracia, por lo que solicitó mayores antecedentes en lo relativo a estas materias.
“¿Ley secreta, que no la conocemos y que rige hoy día en democracia? Es que no puede ser, eso no es una ley, es absolutamente inconstitucional esa ley, o sea, cuatro personas redactaron la ley y es secreta. Por favor, en qué democracia pueden haber leyes secretas”, cuestionó el parlamentario.
En este sentido, la Comisión acordó solicitar a la Biblioteca del Congreso un informe que explique la situación jurídica en la que se sostienen las llamadas leyes secretas, para en conformidad a su naturaleza evaluar la procedencia de proyectos que eliminen tales cuerpos legales.
El UDI Jorge Ulloa, en tanto, manifestó que la Constitución vigente impide a los legisladores indagar sobre asuntos relativos al Poder Judicial y que, por lo tanto, considerando que las causas de Derechos Humanos son vistas por los tribunales, no correspondería al alto mando del Ejército responder las preguntas de la Comisión.
“El artículo 76 de nuestra Constitución señala expresamente que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales. Lo digo en el contexto precisamente de una situación que pareciera ser que está en tribunales. Particularmente de casos específicos estamos inhabilitados por esta disposición”.
Sin embargo, el diputado de Amplitud Pedro Brown refutó lo planteado por Ulloa, indicando que de regirse por el argumento del gremialista la Cámara debería dejar de lado buena parte de su rol fiscalizador.
“Si nos vamos a atener a lo señalado por el diputado Ulloa habría que suspender todas las comisiones investigadoras que están en este Congreso. Esta Comisión de Defensa tiene las atribuciones para poder hacer las consultas que estime pertinente”, advirtió.
Por su parte, el general Humberto Oviedo asumió la responsabilidad por la continuidad de los funcionarios de oscuro pasado, a los que en su concepto no puede despedir, porque no tiene razones legales que justifiquen su salida, toda vez que las responsabilidades penales son individuales. Situación que se corregiría si los tribunales condenaran a la CNI como una asociación ilícita.
Fuente: diario uChile.
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