La disposición denominada “Control Preventivo de Identidad” fue aprobada este miércoles en la Comisión Constitución del Senado por cuatro votos contra uno. La detención por sospecha es parte de una de las disposiciones que, junto con la de aprobar que haya penas de cárcel para quienes agredan a Carabineros aunque no dejen señales- más cuestionadas en la mentada Agenda Antidelincuencia. Con la aprobación la agenda represiva queda a punto de ser despachada a la Cámara Alta para su discusión en sala, que comenzaría probablemente en marzo.
El proyecto que “facilita la aplicación efectiva de las penas para los delitos de robo, hurto y receptación,” más conocido como agenda corta antidelincuencia ha sido sumamente resistido por organizaciones sociales que se manifiestan en el país e incluso por la mismísima Corte Suprema de Justicia. Una de las razones que se esgrimen desde los movimientos sociales de manera más potente es que el control preventivo de identidad ya existe y que la detención que hoy se tramitó en el Senado significa revivir la temida detención por sospecha derogada el año 98.
Bajo el disfraz de “Control preventivo de identidad” se ha hecho creer a la población que este mecanismo no existe, cuando en realidad existe, es utilizado por las policías y está consagrado en el Código Procesal Penal en el artículo 85: “Durante este procedimiento -indica la ley-, sin necesidad de nuevos indicios, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieren afectarle. La policía procederá a la detención, sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129, de quienes se sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente.”
La ampliación de este tipo de controles atentan profundamente contra la libertad cívica y dan respaldo a la arbitrariedad de los métodos utilizados por las policías, pues cuando en la ley se estampa como el que “existe algún indicio” -ese existir algún indicio ha significado discriminación arbitraria por el pelo, vestimenta, sexo, raza, nivel socioeconómico, una guitarra, un charango, etc. La derogación de este tipo de control supuso, el año 98, un paso para superar el Estado policial de la Dictadura.
Usuarios de redes sociales dieron duras críticas a Felipe Harboe, PPD y Senador por Bío Bío Cordillera, quien votó a favor de la detención por sospecha, pese a haberse opuesto durante el gobierno anterior a la “Ley Hinzpeter”, agenda represiva del gobierno de Piñera similar a la actual impulsada por la UDI y el gobierno de Bachelet. Harboe está siendo investigado además, porque parte de sus colaboradores de campaña, que hoy trabajan en altos puestos del gobierno regional, presumiblemente emitieron boletas ideológicamente falsas.
La Agenda que proseguirá su trámite legislativo en marzo en el Senado, cuenta con el pleno respaldo de el Ministro del Interior Jorge Burgos -ex director de la Oficina, la policía política de la Concertación-.
La iniciativa presentada primeramente por la UDI, fue fuertemente criticada por la Corte Suprema.
El máximo tribunal del país señaló en Septiembre pasado que las propias cifras en que se basa el proyecto son cuestionables, indicó además que se aumentará la persecución contra delitos no violentos -y no contra los violentos, como pretende el proyecto-, critica que delitos contra la propiedad sean más gravemente sancionados que “incluso, algunos delitos contra la vida, la probidad funcionaria, la integridad física o la libertad sexual” y las emprende contra la ampliación del control de identidad, calificando que “otorga mayores espacios de discrecionalidad a Carabineros, disminuyendo las facultades de control que poseen los tribunales”.
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