En esa línea, la declaración sostiene que “esta asociación gremial reconoce el derecho de todas las personas a recurrir ante los Tribunales de Justicia en caso de que se crean afectados por la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución y las leyes, sin embargo, la actual querella criminal interpuesta por la Primera Mandataria contra un medio de prensa tiene un grave efecto inhibitorio para el resto de los medios de comunicación social respecto a una autoridad cuyas acciones deben ser fiscalizadas por la ciudadanía para un correcto funcionamiento de la democracia”.
El escrito prosigue afirmando que “la presión por parte del poder político sobre los medios de comunicación social a fin de evitar la publicación de determinadas informaciones altera gravemente el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y afecta el libre e indiscriminado acceso a las diversas fuentes noticiosas de interés público. Cualquier intento de acallar a un medio constituye un acto de censura que nuestra legislación prohíbe en virtud de que afecta la responsabilidad social que la prensa tiene para con la comunidad”.
“Lamentamos que la Presidenta de la República intente aplicar -a través de los Tribunales de Justicia- penas privativas de libertad al Director, al Editor y a dos periodistas de la revista “Qué Pasa” por el solo hecho de reproducir los dichos de una persona imputada por el caso CAVAL las cuales fueron obtenidos de una intervención telefónica autorizada por el juez de la causa y que no estaban sujetos a secreto informativo”, continúa.
Con todo, se subraya que “la defensa de la libertad de prensa es tarea de todas las instituciones de nuestro país, de cada ciudadano y de la opinión pública en su conjunto. De esta forma, los poderes públicos deben impedir y sancionar toda transgresión o amenaza contra estas libertades de opinar e informar de modo de cooperar a la formación de una opinión pública crítica y responsable”.
Finalmente, el documento finaliza con la siguiente petición: “Solicitamos públicamente a la Presidenta de la República que se desista de su querella criminal interpuesta en contra del Director, del Editor y de dos periodistas de la revista “Qué Pasa” a fin de que los profesionales de las comunicaciones puedan continuar realizando sin inhibiciones su labor de informar a la ciudadanía sobre hechos de interés público”.
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