Un total de 21 años de cárcel pide el Ministerio Público como pena para el ex senador Jaime Orpis, por delitos tributarios, de cohecho y fraude al fisco en el marco del denominado caso Corpesca, por el cual se solicitó al tribunal audiencia para la preparación del juicio oral.
Según explicó esta tarde el fiscal del caso, Julio Contardo, en el caso de Orpis no es posible realizar un procedimiento abreviado. "Lo complejo de la situación del ex senador son los distintos tipos de delitos o hechos punibles que dicen relación con corrupción, cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios en carácter de reiterado, no osbtante la irreprochable conducta anterior. Si sumamos tres tipos de delitos nos da el número de años que refiere", dijo el persecutor.
El tribunal fijó para el 22 de marzo la audiencia en la que las defensas de los imputados podrán entregar sus argumentos para reabrir el caso, situación que la fiscalía espera que no prospere y se defina ahí la fecha para la preparación del juicio oral. "En esa misma audiencia el tribunal debería resolver en el evento de que no conceda la reapertura de la investigación, fijar la fecha de la preparación del juicio oral", puntualizó el fiscal.
El escrito de más de 900 páginas ya está en poder del tribunal y es el puntapié inicial para que se agende la preparación de un juicio oral. La pena solicitada para el desaforado parlamentario –quien ejerció como diputado y senador entre 1990 a 2016- se desagrega en los tres delitos por los cuales los fiscales Contardo y Chong enjuiciarán al ex parlamentario. Por el cohecho se solicitó 6 años de cárcel, por delitos tributarios reiterados 3 años y 1 día, y por fraude al fisco reiterado 12 años de cárcel. En total, la condena solicitada suma 21 años de presidio efectivo.
Orpis, quien ejerció como diputado y senador entre 1990 a 2016, fue desaforado por la Corte Suprema el 29 de abril de 2016, tras lo cual el Ministerio Público lo formalizó por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco. La imputación de la Fiscalía se basa en que la investigación arrojó que entre los años los años 2009, 2010 y 2013, el senador estando en ejercicio en el Congreso –según expuso ante tribunales el ente perseguidor penal- solicitó al entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, un beneficio económico consistente en la entrega regular de distintas sumas de dinero.
El pretexto, según la Fiscalía expuso en audiencias, habría sido obtener financiamiento de su campaña electoral de senador por la UDI y para pagar deudas derivadas de la misma campaña. A cambio, acusa la Fiscalía, el parlamentario comprometió favorecer los intereses de la referida empresa mediante el desempeño de sus labores como senador, usando actos propios de su cargo para influir en la tramitación de la Ley de Pesca a favor de los intereses de la aludida empresa de propiedad del grupo Angelini.
Esos aportes, que en total suman más de $233 millones, (en promedio con pagos mensuales de $4 millones 500 mil) fueron solicitados y otorgados al margen del régimen legal de financiamiento de campañas políticas previsto en la ley.
El fiscal regional Contardo y la Jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Chong, anunciaron que presentarán 228 testigos y 1.100 documentos para acreditar estos hechos, además de los fraudes reiterados al fisco que se le atribuyen por “asesorías parlamentarias” que contrató y que luego llegaron de vuelta a su bolsillo. Arista descubierta en el marco de la investigación.
Como penas accesorias, el Ministerio Público pidió que se inhabilite de por vida a Orpis a ejercer cargos públicos.
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