La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) inició dos procedimientos sancionatorios para determinar las responsabilidades de la empresa Aguas Antofagasta S.A., por los reiterados problemas referidos a la continuidad del servicio de recolección de aguas servidas, hechos ocurridos en Antofagasta a fines del 2017 y durante el 2018.
El primer proceso se refiere a las fallas que presentó la Planta Elevadora de Aguas Servidas Sur el 21 de mayo y el 5 de octubre de este año, ubicada en Avenida Grecia frente a playa El Cable.
De acuerdo a lo señalado por el jefe de la Oficina Regional de la SISS en Antofagasta, Patricio Valencia, “el proceso se gatilla por el incumplimiento de la obligación de la empresa de garantizar la calidad y continuidad del servicio de recolección de aguas servidas, pero además incluye cargos referidos al peligro para la salud de la población producto la presencia de aguas servidas en la vía pública y la descarga de aguas servidas al mar dentro de la zona de protección litoral”.
Valencia agregó que “además incluye cargos referidos al peligro para la salud de la población producto la presencia de aguas servidas en la vía pública y la descarga de aguas servidas al mar dentro de la zona de protección litoral”.
Estos dos procesos se refieren a fallas en las plantas elevadoras Grecia y Costanera, afectando tanto al sector norte, como al sur de Antofagasta
“En ambos casos se han incluido cargos asociados al incumplimiento por parte de la empresa de las instrucciones impartidas por la SISS, que apuntaban a mejorar tanto la operación y mantención de estas plantas, así como la infraestructura y realizar oportunamente las reparaciones definitivas de las fallas encontradas”, explicó Valencia.
Multas
El Seremi de Obras Públicas Edgar Blanco señaló “el Ministerio, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, está tomando todas las medidas necesarias para que estos acontecimientos no queden archivados sin cargos, y por sobre todo, que no sigan ocurriendo y afectando a la población”.
En cuanto a las multas, Blanco señaló “de acuerdo a la Ley 18.902, con estos procedimientos en curso, la sanitaria arriesga una multa de hasta 1.090 Unidades Tributaria Anuales (UTA) unos 628 millones 930 mil pesos, cargos que se evaluarán en su mérito, considerando también los descargos que presente la empresa”.
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