Un duro golpe asestó la justicia a la construcción del galpón de acopio de concentrado de cobre en el Puerto de Antofagasta, iniciativa empresarial que es fuertemente resistida por vecinos de la capital regional.
Durante este miércoles la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acogió el recurso de protección interpuesto por la Municipalidad y concejales, Jaime Araya, Antonio Cárdenas y Roddiam Aguirre, en contra de la Comisión Regional Ambiental, Minera Sierra Gorda SCM, Antofagasta Terminal Internacional (ATI) y el FCA, por la concreción del proyecto “Recepción, Acopio y Embarque de Concentrados de cobre” el cual se está ejecutando al interior del sector ATI del Puerto.
La resolución judicial, implica que el se detendrá la construcción de la polémica estructura, ante la vulneración del derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Ante este fallo y en representación de la jefa comunal, Karen Rojo, quien se encuentra de vacaciones en el sur del país, el alcalde (s) Mauricio Peldoza, manifestó que “le comuniqué del fallo a la Alcaldesa y estamos bastante satisfechos con el dictamen de la Corte de Apelaciones en acoger el recurso de protección que interpusimos, y en el cual solicitábamos dejar sin efecto las autorizaciones que efectuó la Comisión Regional Ambiental a los proyectos presentados por la ATI, FCAB y minera Sierra Gorda SCM”.
HISTÓRICO
Por su parte, el concejal Jaime Araya, calificó la decisión del tribunal como “histórica” y valoró el hecho de que “representantes de todos los sectores políticos hayan logrado un consenso para defender una causa común, que es la salud de todos los habitantes de Antofagasta”.
Asimismo, destacó que esta resolución revela la falta de rigurosidad del gobierno al momento de entregar las autorizaciones para la puesta en marcha de este proyecto, a pesar de que organizaciones como el Colegio Médico han expresado públicamente los graves daños que puede provocar a la población, incluyendo un aumento en la mortalidad por cáncer, realidad que ya es preocupante considerando que en la región se registran los índices más altos del país.
No obstante la decisión del tribunal, la empresa cuenta con cinco días para apelar a esta resolución, lo que obligaría a que sea la Corte Suprema el organismo que finalmente determine la realización o no del resistido proyecto.
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