EL ASESINATO DE JUAN PABLO JIMÉNEZ AÚN SIGUE IMPUNE

A 3 años del asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez. Las dudas e impunidad persisten.

Corría la tarde del jueves 21 de febrero del 2013 y Juan Pablo se sentaba en una banca, misma que ellos mismos como trabajadores habían construido y colocado allí, se aprestaba a revisar los documentos de la demanda laboral que tendría que ver al día siguiente, demanda por el despido injustificado de un grupo de compañeros. 

De pronto, en esa calurosa tarde, Juan Pablo se desvaneció. Otro trabajador que pasaba por allí dio cuenta que JP se había desmayado e intentó reanimarlo pensando que se trataba de un infarto o algo parecido, al moverlo se percató de que había sangre.

Al lugar llegaron mas trabajadores junto con directivos de la empresa, también carabineros de la 50° comisaría. Por el lugar transitaron varias personas, no se acordonó el lugar, cuestión que solo ocurrió mucho después cuando llegó la PDI.

Cuando la familia fue notificada pensaron que se trataba de un accidente laboral, jamás hablaron de una bala. Hubo preocupación y la noticia, aunque inquietante, no era tan sorpresiva, esto debido a las precarias condiciones laborales en la que trabajaba Pablo (así lo llamaban en la familia), de hecho él les había comentado sobre las inhumanas condiciones, de turnos extenuantes, muchos dormían en las propias camionetas en las que salían a hacer servicios y no hace mucho había fallecido un compañero de trabajo en plena faena. Rápidamente partieron hasta la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para ver como estaba Juan Pablo, cuando llegaron recibieron un balde de agua fría, Juan Pablo estaba muerto.

Fue al día siguiente cuando fueron a hacer los tramites al Servicio Médico Legal en donde Ximena Acevedo (esposa de Juan Pablo) descubrió, al leer el certificado, que su esposo había fallecido producto de una bala que había impactado en su cabeza. La bala, calibre 40, había ingresado por el frente de su cabeza (de izquierda a derecha) y recorrió 17 centímetros, quedando alojada a la altura de su nuca. El agujero en la cabeza de Juan Pablo era un orificio circular casi perfecto.

Rápidamente los medios comenzaron a hablar de “una bala loca”, cuestión que el día lunes un funcionario policial de la PDI confirmaba como hipótesis posible a los medios. La tesis que al poco tiempo la PDI comenzó a instalar es que había habido una balacera entre bandas rivales en La Legua y una de esas balas había recorrido cerca de 1 kilómetro (1035 metros) rebotar en la malla de una reja y cambiar radicalmente su trayectoria para impactar finalmente en la cabeza de Juan Pablo.

Una tesis llena de incongruencia

Según la fiscalía, ese jueves en la tarde se habría producido una balacera en la intersección de las calles Mario Lanza con Santa Catalina (Legua emergencia) en la que habrían participado 8 personas. Entre ellas habría estado un menor de edad (el único de los 8) a quien un informante de carabineros (jamás identificado en la investigación) habría identificado como la persona que disparó el arma que impactó a más de un kilómetro en la cabeza del sindicalista. El menor habría sido monitoreado por la policía siendo detenido el 31 de marzo recibiendo 8 impactos de balas. El menor de 16 años fue llevado hasta el hospital Barros Lucos en estado grave. Así el día 5 de abril el menor fue formalizado en la propia sala de cirugía.

El fiscal Sergio Arévalo, quien llevaba la investigación, comunicaba a la prensa que ya quedaba descartada la tesis de “la bala loca” pues ya tenían a la persona que disparó “con clara intención de dañar a otra”. Así el menor JBPM fue formalizado por el “delito de homicidio simple y dos delitos de porte de munición”, quedando en internación provisoria en un centro del Sename. En el allanamiento y pericias al domicilio del menor se encontró gran cantidad de munición (cerca de 100 balas de variados calibres) pero no se encontró ni el arma ni munición coincidente con la calibre 40 que dio muerte al dirigente sindical. Finalmente, y en un juicio simplificado, el menor fue declarado culpable y condenado a 540 días de libertad asistida, sentencia que se dio por cumplida debido al tiempo que el menor había estado en internación provisoria desde abril del 2013.

La familia cuestiona los informes periciales de la PDI y el trabajo de la Fiscalía y a juzgar por los hechos, razones tienen muchas. No solo está la extraña explicación de que una bala calibre 40 con extremo plano (no en punta) recorrió 1.035 metros en parábola (disparada a 20 grados) pasando en su trayectoria entre medio de edificios y a su vez el roce de resistencia en su trayecto y el posterior rebote en la reja (de alambre) de una multi cancha cercana al patio de la empresa AZETA, la que se supone cambió radicalmente el trayecto, hacen imposible que la bala halla impactado dejando un orificio circular casi perfecto (o sea, la bala no tuvo deformación) y quedando alojada a 17 centímetros, desde su entrada, en la parte posterior cercana a la nuca de la cabeza de Juan Pablo.

Tesis que fue cuestionada por una investigación particular, contratada por la familia, realizada por los Forenses Criminalísticos de SAV. Quienes plantean que la tesis presentada por los peritos policiales son inconsistentes. Tanto por la supuesta trayectoria recorrida de la bala, la que según SAV alcanza un máximo de cerca de 863 metros (no 1.035) y la forma en la que esta entró.

Según SAV los peritajes son consistentes con una disparo rasante en las cercanías del lugar sin descartar la utilización de un silenciador. Eso explicaría la deformación en la reja de la multi cancha y el por qué la entrada del proyectil fue limpia (orificio perfecto) y que se haya alojado tan adentro (17 centímetros) de la cabeza de Juan Pablo.

Por otro lado, el menor (encontrado culpable) fue identificado por un “informante de la policía”, quien lo sindicó como el responsable del disparo que dio muerte al sindicalista. Extrañamente se identifica al menor y no al resto de los participantes de la balacera (los otros 7 eran todos mayores de edad). El menor recibió 8 impactos de balas en su detención. Por la misma investigación judicial pudo saberse que el menor había estado siendo seguido y monitoreado durante semanas por la policía.

Otro antecedente es que ni balas iguales ni el arma fue encontrada en el allanamiento al domicilio del menor, es más, el arma que asesinó a Juan Pablo Jiménez hasta hoy no ha sido hallada.

La viuda clama por verdad y castigo: “Estoy convencida que el menor que culparon no fue”

Ximena Acevedo, la viuda de Juan Pablo, no cree que el menor sea culpable, y señala con claridad: “Nosotros nunca hemos creído en este culpable, nunca hemos creído que el tenga nada que ver, por el contrario”.

Así han pasado 2 años en donde la familia, la abogada Margarita Peña (que asesoraba a Juan Pablo en el trabajo sindical) y los compañeros han desarrollado un intenso y desgastante trabajo por encontrar la verdad. En el trayecto se han encontrándo con las dificultades propias que tienen los pobres en el complejo sistema judicial y con las negligencias de quienes quisieron siempre cerrar cuanto antes este caso.

Ximena cuenta que el juez, tras un largo monólogo, les señaló que “está es la verdad judicial que podemos darles y deben conformarse con eso”.

El día 14 de enero la familia entregó al Ministerio Público nuevos antecedentes en los cuales se abre una nueva línea investigativa en la que podría encontrarse la verdad y saber quién realmente disparó y asesinó al compañero. La fiscalía recibió estos antecedentes y accedido a investigar.

Hace algunas semanas la familia también llegó hasta La Moneda para solicitar una reunión con el Ministro del Interior, sin embargo hasta ahora no han recibido respuesta.

Actualmente se encuentran a la espera de saber la decisión del tribunal tras presentar un recurso de nulidad, además no pierden la fe de encontrar la verdad y castigar a los culpables.

Es en este marco que este sábado 21 de febrero se conmemorarán los 2 años del asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez Garrido con una actividad desde las 19 horas en las afueras de la empresa AZETA, ubicada en calle Isabel Riquelme 530, en donde fue asesinado.

El clamor, a dos años, será uno: Verdad y Castigo.

Por Radio Villa Francia.