"Desokupa. Empresa especializada en desempleos de pisos ocupados a la fuerza y sin contrato de alquiler, métodos legales, en menos de 72 horas recuperamos la vivienda, a toda la península. Eficacia en más del 90 por ciento de los casos". Así se anunciaba hasta hace poco la empresa Desokupa en el portal milanuncios.com. Ya no lo necesita porque están desbordados.
"Antes recibía cinco llamadas a la semana. Ahora son quince al día. Tenemos muchísimo trabajo", afirma Daniel Esteve, director de la empresa más controvertida que ha surgido recientemente en España. Sus clientes son propietarios de viviendas ocupadas que, desesperados por la lentitud de la justicia, optan por contratar a estos comandos de boxeadores para que expulsen a los indeseados inquilinos. Lo novedoso del asunto, y lo que lo convierte en un fenómeno social, es que todo es legal. Al menos hasta la fecha.
Desokupa está sabiendo explotar las zonas grises de la ley para devolver a los propietarios sus casas ocupadas sin acabar en los tribunales. Si bien son ya varias las entidades sociales que han anunciado demandas y querellas criminales por amenazas, coacciones, desalojos extrajudiciales y violación de derechos fundamentales. Sus detractores van más allá y señalan que algunos integrantes de los comandos pertenecen a entornos neonazis e incluso a la milicia ultranacionalista serbia. Por el momento, Desokupa opera casi en exclusiva en la provincia de Barcelona, aunque ya ha visitado Madrid y no descarta extender su perímetro de actuación.
"Nosotros no entramos en las viviendas ni arrastramos a la gente a la calle", se defiende Esteve. "Nuestro formato es montar un control de acceso a una propiedad privada mediante un contrato firmado con el propietario. El cliente nos tiene que demostrar que es propietario de ese inmueble y que ha sido ocupado por la fuerza. Comprobado eso, nos acercamos a la vivienda con las escrituras en la mano, muchas veces junto al propietario, y negociamos la salida de los okupas. Si no se avienen a negociar, entonces instalamos un operativo de control de acceso a esa vivienda con varios integrantes, todos con titulación en control de acceso, y nos limitamos a controlar la entrada las 24 horas. Eso les provoca tal incomodidad que, al final, acceden a negociar una compensación económica por su marcha, bajo la advertencia de que, si un día la vivienda se queda vacía, no podrán volver a entrar y se irán a la calle por cero euros. Si en algún momento la situación se tensa, llamamos a la policía, nunca usamos la fuerza".
Es evidente que los okupas no acceden a marcharse dócilmente porque alguien se lo pida con buenas palabras. La visión frente a la puerta de un puñado de hombres musculados con rostro amenazante, expertos todos en boxeo y artes marciales y bregados en mil reyertas, es un elemento de disuasión fundamental. Eso y la habilidad negociadora de Esteve, que ha sido director de seguridad durante 25 años y conoce ese lenguaje que transita entre la advertencia y la amenaza. "Nunca entramos en una casa y nunca ponemos una mano encima a nadie. El éxito se basa en tener mucha mano izquierda y utilizar la ley a nuestro favor. Parece sencillo pero el trabajo es muy complicado. Si no, lo haría cualquiera", dice con orgullo el ideólogo del negocio, que ha desalojado casi 80 viviendas en un año. Su tarifa oscila entre los 3.000 y los 8.000 euros en función de la complejidad del operativo.
Según Desokupa, el 95% de los casos se resuelven con éxito y casi todos en menos de una hora. El único problema, dicen, es ese otro 5%. En concreto, cuatro casos que han hecho saltar todas las alarmas en distintas entidades sociales de Barcelona. Una de ellas es el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que ha interpuesto una querella criminal contra Desokupa por el desalojo del edificio conocido como Can Dimoni, un inmueble histórico del barrio de Gracia, habitado desde hace un año por un grupo de jóvenes pertenecientes al movimiento okupa.
Los vecinos alertan contra las prácticas de la empresa ‘Desokupa’
El observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la Asamblea del Raval, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) junto con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) reclamaron ayer a la Generalitat, al Ayuntamiento, a los Mossos d’Esquadra y a los juzgados que tengan especial vigilancia a las prácticas de la empresa Desokupa especializada en desahucios extrajudiciales, sobre todo, a inquilinos que no pagan el alquiler. Las entidades han presentado una plataforma denominada Stop Desokupa y denuncian que la empresa utiliza la “amenaza y la intimidación” para desahuciar a los inquilinos.
La directora de DESC, Irene Escorihuela, aseguraba ayer que han presentado una querella criminal, por uno de los desalojos, contra la empresa acusándoles de allanamiento de morada, destrozos, amenazas, coacciones y organización criminal. Aún así, la propia Desokupa anuncia en su web haber actuado hasta en 70 casos.
Stop Desokupa cree que existen víctimas que no han denunciado a la empresa “por vergüenza”. Iñaki García, miembro de la Asamblea del Raval, alertaba ayer que el modus operandi de la empresa siempre es el mismo: “Primero avisan a la familia afectada, la presionan con llamadas telefónicas y visitas advirtiéndoles que su situación es irregular y que tienen que abandonar la vivienda. Luego llegan a ofrecerles dinero para que se vaya y cuando se acerca la fecha se presentan varias personas en el lugar con prácticas mafiosas”.
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