El Tribunal Supremo de España resolvió bajar de 12 a 4 años y medio la condena que se dictó contra los anarquistas chilenos Francisco Solar y Mónica Caballero por el atentado terrorista perpetrado contra la Basílica de Zaragoza.
La instancia determinó el beneficio debido a que se acogió parcialmente un recurso de casación que interpuso su defensa, ya que acusaban una doble condena al sumarse el delito terrorista y lesiones.
Se determinó que se les debía condenar por un delito y no varios.
Solar argumentó que su intención era detonar un explosivo casero para atentar contra un símbolo eclesiástico pero sin causar lesiones, como demuestra el hecho que no incluyeran metralla en el artefacto y lo detonaran a la hora del cierre tras haber avisado de su colocación.
El Tribunal Supremo aceptó esta interpretación, apreciando la intención de cometer una sola acción delictiva, pero dado que el delito de lesiones terroristas es el más grave de los dos, los condenó por este a cuatro años y medio de prisión.
Durante el juicio, celebrado el pasado 8 de marzo, Solar, de 36 años, aseguró que no tuvo "ninguna responsabilidad" ni "colaboró" en la colocación del artefacto en la basílica zaragozana, reivindicado en la web Contrainfo.com por el autodenominado Comando Mateo Morral, en homenaje al anarquista que atentó contra el rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg en su boda en 1906. Por su parte, Mónica Caballero, de 27, sostuvo que el 2 de octubre de 2013, fecha del atentado, estuvo todo el día en su casa de Barcelona. De hecho, afirmó que nunca ha estado en Zaragoza y que durante su estancia en Barcelona solo salió de Cataluña para una "visita turística" al País Vasco.
Solar y Caballero, que eran pareja en Chile, se casaron en España en prisión en 2014. Ambos llegaron a Barcelona en 2012 después de haber sido absueltos en su país en el llamado caso Bombas, una investigación sobre una serie de atentados de corte anarquista por el que pasaron casi un año en prisión preventiva. Según manifestaron ante el tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo, salieron del país andino huyendo del "hostigamiento policial y mediático" tras aquel proceso judicial.
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