SENAME Y CÁRCELES EN CHILE

Durante los últimos meses hemos presenciado la fragilidad de las instituciones estatales dependientes del Ministerio de Justicia. Particularmente, de aquellas instituciones y establecimientos que administran la habitación, alimentación, y vidas de niños y adultos en Chile. También de aquellas que, como Carabineros de Chile, son responsables de la seguridad de la vida pública nacional.

Para enfrentar la crisis que viven las personas institucionalizadas la opinión pública en Chile piensa en tres principales respuestas: la respuesta cultural, la respuesta económica y la respuesta moral. La respuesta cultural centra su atención sobre la necesidad de un cambio colectivo que tome conciencia de la tragedia que viven los niños y adultos institucionalizados en Chile. Para esto se utiliza, plausiblemente, el discurso de los derechos humanos. El fundamento de esta posición es claro: el Estado de Chile viola los derechos –a la vida, a la integridad física y psíquica– de niños y adultos institucionalizados y la ciudadanía debe evitar naturalizar estas violaciones.

En segundo lugar, las voces expertas también hacen sonar la alarma sobre la crisis financiera, que llama a la necesidad de redefinir la forma en que se administran los recursos e incentivos dentro de los centros de Sename. Esta posición pone el acento sobre la corrupción y cooptación política del sistema –Sename, Carabineros, Gendarmería– y la creación de feudos clientelares que colonizan al Estado con operadores políticos tanto desde la esfera pública como privada.

Una tercera respuesta sostiene que la solución requiere cambiar la moral de los operadores del sistema. Desde un llamado ético, el debate público llama a superar la inhumana indiferencia de la sociedad y reflexionar individualmente desde nuestro fuero interno. Bajo esta visión, la indiferencia de funcionarios y agentes involucrados en la operación del sistema, y la ciudadanía completa, es la principal responsable del horror que sufren las personas institucionalizadas en Chile.

Desde ONG Leasur creemos que existe una cuarta respuesta: una solución institucional de reforma al sistema de justicia que involucre la transformación y rediseño de la organización de la justicia en Chile, de sus sistemas de control, fiscalización y financiamiento. Las voluntades personales y bienintencionadas tienen que dar paso a una política pública global a cargo de una respuesta coordinada y sistemática. El rol de los poderes ejecutivos y legislativos son clave para dar una respuesta sistemática, que reconozca la conexión de la vida de los niños del Sename con los adultos del sistema carcelario. Que reconozca que la pobreza y el abandono de esos niños culmina con el círculo de la delincuencia y con la corrupción de instituciones como Carabineros y con la máquina de tortura que se instala en las cárceles chilenas. La respuesta institucional exige reconocer que hay una institucionalidad que ampara que la tortura que se vive en el Sename se extienda hasta la tortura que se vive en retenes y centros penitenciarios del país. Los cambios culturales, económicos y morales deben acompañarse de un cambio institucional, del cual las autoridades públicas deben hacerse cargo.

Esta cuarta vía –la vía institucional– exige a los gobiernos instalar una visión global que vincule la historia de pobreza e inequidad que experimentan los niños y adultos que ingresan al sistema de justicia. Esa visión de conjunto requiere la participación de la sociedad civil, usuarios, familiares, funcionarios, académicos y expertos para culminar en una reforma sistemática e integral de la normativa y las instituciones vinculadas al Ministerio de Justicia. Una reforma que visite todos los rincones de la precariedad en Chile. Por el momento, el sistema de justicia es la vitrina más visible de esta precariedad –en salud, en educación, en vivienda, en vejez– y, por lo mismo, investigar, coordinar las políticas contra la pobreza con el sistema de justicia y promover la fiscalización activa de los tribunales de justicia resultan claves para saldar la deuda –cultural, económica, y moral– con la infancia y la tortura en Chile.

Por Isabel Arriagada.