Las revelaciones del informante de Carabineros Raúl Castro Antipán sobre el asalto a la plaza de peaje Quino, en octubre de 2009, puso al descubierto los montajes con que los servicios de Inteligencia de Chile criminalizan la causa mapuche, advierte el abogado defensor de los indígenas Luis Marileo y Juan Queipul, acusados como autores de “delitos terroristas” por su supuesta participación en la embestida.
“Por primera vez en un juicio oral, un delator compensado, condenado por ley antiterrorista en Chile, declara que estaba subordinado a los servicios de inteligencia policiales y que su misión era infiltrarse en las comunidades mapuche y entre los estudiantes universitarios en Temuco, y que tenía contacto con su jefatura, en este caso los jefes de Inteligencia, una o dos veces por semana”, precisa Miranda.
En entrevista con Apro, alude a la confesión realizada el miércoles 13 por Castro Antipán en juicio oral desarrollado en el Tribunal Oral en lo Penal, de Angol, contra los indígenas mapuches Luis Marileo y Juan Queipul.
De acuerdo con la declaración del informante de Carabineros, en el asalto a la plaza de peaje Quino –situada en la comuna de Victoria, región de la Araucanía– en octubre de 2009, cuando también fue incendiado un camión en la carretera Panamerica, a la altura del kilómetro 611 al sur de Santiago, participaron 15 mapuches.
El grupo de indígenas, aseguró, actuó armado con escopetas hechizas y convencionales, un fusil de guerra, una pistola, varios revólveres y un bidón con combustible.
No obstante, los tres magistrados del mencionado tribunal desestimaron esas acusaciones y absolvieron por unanimidad a Marileo y Queipul, quienes al momento de ocurrir los hechos eran menores de edad.
En julio de 2012 los tres jueces ya habían absuelto a otros ocho comuneros mapuches –pertenecientes a las comunidades en resistencia de Temucuicui autónoma y José Guillén–, acusados del mismo delito.
Conforme a lo que consignó entonces el abogado de la Defensoría Pública, Jaime López, el caso se cayó por la ausencia del testigo secreto (Castro Antipán), “ya que al quedar fuera su testimonio, casi no quedó prueba de cargo, lo que indica que el juicio completo descansaba en su testimonio”, según consta en el diario electrónico La Opinión, en su edición del 24 de julio de 2012.
El mismo medio contiene la declaración que hizo Felipe Huenchullán luego de conocer su absolución en dicho juicio: “Se nos aplicó la Ley antiterrorista y pasamos casi dos años en la cárcel. Muchos de los peñis (compañeros) absueltos hoy estuvieron en la clandestinidad. Tuvimos que pasar una huelga de hambre por tres meses y ahora nos dicen que todo fue mentira. Es como reírse de nosotros en la cara. Claro, quedamos en libertad, pero ¿quién responde por todo el daño que se nos hizo a nosotros y a nuestras familias? Estoy contento, pero también tengo mucha rabia contra el Estado”.
Tras la reciente absolución de Marileo y Queipul, Castro Antipán quedó como único condenado por esa causa, en calidad de autor de los delitos de “amenaza terrorista”, “homicidio frustrado terrorista” e “incendio terrorista”.
Sin embargo, el informante no ha pasado ni un día en prisión. La fórmula que empleó el Ministerio Público para que esquivara la cárcel fue acogerlo al beneficio de la “delación compensada”, contemplado en el artículo cuarto de la Ley 18.314 (antiterrorista). Eso le permitió rebajar los grados de la pena.
Es paradójico que después de tres años y medio de investigación, el único responsable del delito señalado sea un infiltrado pagado por la policía y protegido por el Ministerio Público.
El atentado al peaje Quino recibió en su momento una desproporcionada atención mediática y desató una feroz represión contra las comunidades mapuches de la comuna de Ercilla, en la “zona roja” del conflicto mapuche.
Pero los mismos medios que otrora dedicaron horas de su programación y numerosas páginas a ese caso –como los diarios El Mercurio y La Tercera–, ahora, cuando se supo la relación de subordinación del único condenado en la causa con Carabineros, apenas le dan espacio a esa información.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera, por su parte, ha evitado pronunciarse al respecto. Sin embargo, dada la creciente presión de los medios, el pasado jueves el Ministerio Público y Carabineros fijaron su postura.
En comunicado de prensa, el fiscal jefe de Temuco (capital de la región de la Araucanía), Roberto Garrido, descartó “de plano” que Castro Antipán tuviera la calidad de informante de su institución. “(Él) siempre ha tenido la calidad de imputado y eso es lo mismo que señaló en el juicio. Él no recibe ningún sueldo, el Ministerio Público tampoco le paga ninguna cantidad mensual. Él ha recibido medidas de protección que son reservadas en razón de la gravedad de las amenazas que ha sufrido”, dijo en respuesta a las declaraciones que hizo Castro Antipán, quien el martes 11 aseguró que vivía en un departamento financiado por la Fiscalía y que recibía otras regalías de la dependencia.
Por su parte, la Novena Zona de Carabineros, radicada en Temuco, emitió un comunicado en el que aseguró que Castro Antipán “no posee el carácter de agente de inteligencia, limitándose sólo a entregar información que permitió aclarar algunos delitos cometidos el año 2009 en la Araucanía”.
Por Francisco Marín.
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