Pasadas las 17:00 hrs del miércoles 10 de diciembre, un llamado telefónico realizado por los estudiantes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce), alertó a los abogados de la Defensoría Popular sobre los graves hechos que acababan de ocurrir al interior del recinto educacional, y que habían concluido con nueve estudiantes detenidos en la 33 Comisaría de Ñuñoa.
Por segunda vez en el año, un funcionario de Carabineros había sido sorprendido al interior del Ex Pedagógico en Macul, haciéndose pasar por estudiante y tratando de infiltrarse en las movilizaciones que realizaban los alumnos de esa casa de estudios. Se trataba del teniente Camilo Ramírez Eyzaguirre quien fue atrapado in fraganti grabando a los jóvenes con un celular.
Según denunciaron los estudiantes, cuando el agente infiltrado fue desenmascarado se armó un gran altercado que fue aprovechado por un escuadrón de Fuerzas Especiales, que ingresó al recinto a sacar al policía, con gran violencia.
“Momentos más tarde carabineros comenzó a retener a estudiantes de la universidad y personas de sus alrededores con la excusa de realizar un control de identidad, para más tarde proceder a llevárselos en el furgón policial… Luego se los llevaron a la comisaría sin registrar los datos de los detenidos ni la causa de la detención, dejando sin efecto el ingreso y por defecto, los derechos legales de cualquier detenido (comunicación con sus abogados, el derecho a comunicarse telefónicamente con algún familiar, etc)”, denunció la Federación de Estudiantes a través de un comunicado.
En efecto, los abogados de la Defensoría Popular, que recién a las diez de la noche lograron conversar con los estudiantes y llevarles alimento, constataron que a esa hora ninguno de ellos conocía los cargos. Según los profesionales solo cuatro horas después, a la una y media de la madrugada, un suboficial de guardia les informó que pasarían a control de detención por maltrato de obra a carabinero y tal vez por robo.
Al cumplirse casi veinticuatro horas de reclusión, la detención de los nueve jóvenes, cinco hombres y cuatro mujeres, fue declarada legal por la jueza Ema Tapia Torres, del octavo Juzgado de Garantía de Santiago, iniciándose el control de detención en el que el fiscal Anatole Larrabeiti, después de reconocer que el funcionario de inteligencia policial se había infiltrado entre el alumnado, acusó a estos últimos de golpear y robar un celular al policía, formalizándolos por “Robo con violencia, maltrato a carabinero en servicio y secuestro“, motivo por el cual solicitó que se decretara prisión preventiva argumentado que los universitarios representaban un peligro para la sociedad y que, dada las elevadas penas asociadas a los delitos, podían fugarse.
En la defensa de los estudiantes se encontraban Rodrigo Román, Betsabé Carrasco y María Rivera quienes se opusieron a la petición del fiscal. Los abogados informaron que después de presentar a la magistrado el certificado de alumno regular de cada uno de los estudiantes y una declaración del Consejo Académico de la Umce, en el que se denunciaba y repudiaba la infiltración de agentes policiales, pidieron que se escuchara la declaración de los nueve imputados.
“Uno a uno los chicos relataron los hechos vividos, emocionados a instantes, sobre todo cuando una de las estudiantes denunció que en medio de la detención sufrió abuso sexual por parte de carabineros, quienes tocaron sus pechos, piernas, glúteos entre otras partes de su cuerpo“, denunció Rivera. Uno de los jóvenes, con domicilio en la cuarta región, pidió que se revisara una conversación que tenía guardada en Whatsapp. A través de ella pudo demostrar que nunca estuvo dentro del campus universitario y que fue apresado al voleo, cuando pasaba por la calle rumbo a un concierto, motivo por el cual había viajado a Santiago.
Frente a los argumentos planteados por la defensa y los propios imputados, la jueza finalmente resolvió dejar en libertad a todos los estudiantes, decretando firma diaria para los domiciliados en Santiago y firma mensual para el estudiante de región.
Si bien los compañeros y familiares celebraron la libertad de los nueve jóvenes a la salida del Centro de Justicia, dejaron en claro que lo ocurrido obedecía a un montaje policial que intentó criminalizar a los estudiantes y desperfilar la infiltración, advirtiendo que no se quedarán tranquilos y que realizarán todas las acciones necesarias para denunciar y acabar con esa práctica policial.
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