La mañana de este jueves la mesa del Sector Público, que agrupa a 11 gremios de la región, confirmó que finalizó el paro de trabajadores de Atacama, luego de 59 días de movilización.
Los funcionarios, que solicitan un trato especial para la región y el pago del polémico Bono Atacama, anunciaron que se decidió deponer el paro para volver a las negociaciones con un 75% de las votaciones.
Ante lo cual, la mesa ahora debe esperar la respuesta del Gobierno para modificar el proyecto que fue presentado en el Congreso, mientras la Anef de la zona anunció que mantendrán las movilizaciones.
La determinación de los trabajadores no es unánime, dado que la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el gremio más numeroso de los trabajadores del Estado, ha optado por mantenerse en paro.
La próxima semana dirigentes públicos viajarán a Santiago para volver a negociar con el Gobierno y modificar el proyecto que fue presentado en el Congreso, que propone un bono único de 200 mil pesos para los trabajadores públicos con sueldo inferior a los 700 mil pesos.
El paro, que comenzó el pasado 1 de marzo, ha movilizado a miles de funcionarios de toda la región con el objetivo de dar continuidad al Bono Atacama y cumplir con el protocolo de Acuerdo, Nuevo Trato Para Atacama.
Dicho compromiso fue pactado en 2014 por los trabajadores con el Gobierno para enfrentar el alto costo de la vida en esta zona. Sin embargo, según los trabajadores movilizados, el proyecto que actualmente está en trámite en la Cámara de Diputados "no cumple mínimamente" con las demandas comprometidas por el Ejecutivo.
En una declaración publicada este jueves en su página web, la ANEF de Atacama señaló su decisión de "continuar movilizados y en PARO, a fin de insistir con la presión de los trabajadores, hasta que el Gobierno decida instalar una Mesa de Trabajo y Negociaciones, la que deberá incluir como principal tema, el cumplimiento del Protocolo de Acuerdo Nuevo Trato Para Atacama".
A juicio de esta organización, el proyecto que se tramita en el Congreso, no es más que un "simple, y mezquino bono de término de conflicto, que no refleja en absoluto los otros puntos del Protocolo de Acuerdo, puntos tanto o más importantes que vienen a reconocer y exigir demandas históricas de la región".
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