El macabro asesinato de un menor de 13 años tiene conmocionado a Temuco, especialmente luego que esta jornada se dieran a conocer los detalles del crimen.
Esto luego que fueran formalizados por homicidio calificado esta jornada Johana Mora Villagrán, Pablo Morales Correa, Abraham Bravo Palma y Víctor Chanqueo Mora, los cuatro adultos que se encuentran confesos del hecho, los cuales quedaron en prisión preventiva mientras se desarrolle la investigación.
El salvaje crimen ocurrió luego que los implicados, quienes conforman una familia, tomarán la radical decisión acusando al menor de haber violado a una niña de 5 años.
Tras esto, acorde al relato del fiscal Roberto Garrido, la víctima fatal fue torturada durante horas antes de que fuera asfixiado por los padres de la pequeña que había sido abusada según ellos.
“Estuvo atado en este lugar al cuidado de uno de ellos que no le prestó ningún tipo de ayuda. Fue golpeado reiteradamente, presenta varias lesiones, fracturas en su rostro, nosotros calificamos que puede ser comparable con la ejecución de torturas, finalmente lo que le causa la muerte es la asfixia que le provocan sus agresores”, indicó el persecutor.
De igual manera, aseguró que todos participaron del crimen, afirmando que “todos participan, uno facilita el lugar donde el niño es agredido, otros participan activamente en la agresión, finalmente el mecanismo de muerte lo aplican los padres pero hay una acción común, hay una voluntad común de agredir a este niño”.
Sobre la acusación que la víctima habría ataco sexualmente a una niña de 5 años, señaló que “en cuanto al antecedente que surgió en la audiencia que está vinculado a este caso, es otra investigación que está a cargo de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Temuco, en esta como diligencia se decretó el examen sexológico de la víctima y determinó que no presentaba lesiones a nivel genital que fueran compatibles con una violación, es una investigación que todavía está en curso”.
Cabe mencionar que el menor asesinado estuvo de manera frecuente en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename), especificando desde el organismo que su estancia no se debió a una sanción, sino que como medida de protección establecida por tribunales por las vulneraciones que había recibido anteriormente en sus derechos de niño.
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