No podía seguir trabajando allí, se lo dijeron la jefa del proyecto junto con el Director del Departamento. La razón: “estaba embarazada”. Ella les pidió quedarse al menos hasta el pre natal, pero se lo negaron.
Le ofrecían pagarle un mes de sueldo para que se fuera cuanto antes. Querían reemplazarla rápido por las premuras del proyecto. Daniela no aceptó firmar la renuncia, entonces ellos no le pagaron ni el finiquito ni las licencias médicas que había tenido por un embarazo de riesgo.
Daniela López Follé puede ser solamente una mujer más, castigada por el patrón por el delito de embarazarse. Pero el suyo no era cualquier patrón si no el Estado de Chile. El mismo que prohíbe abortar a las mujeres en todos los casos.
El Embarazo como contagio
Las convicciones de “defensa de la vida” de la Derecha chilena tienen como límite “su” dinero… Hasta ahí le llegan “sus valores”, hasta el momento en que les tocan las chequeras. Una mujer embarazada significa al menos el desembolso del pre y el post natal –porque para qué vamos hablar de lujos como Sala Cuna institucional por ejemplo-. Son seis semanas antes y doce semanas después del parto según lo establecido en el artículo 195 del Código del Trabajo: cuatro sueldos y medio. Luego si la guagua requiere más cuidados podrían haber licencias de la madre hasta que la guagua cumpla un año, y hasta sus dos años, una hora diaria fraccionada en dos, en que la madre debe correr, amamantar apurada y volver a trabajar –como si el desplazamiento por la ciudad de Santiago fuese fácil-.
Eso es mucho pedir para la patronal. Parir es una obligación femenina que no trae consigo –en la práctica explotadora- ninguna garantía de que las necesidades vitales de esas dos personas, guagua y madre, estarán cubiertas; sólo significa reproducción de fuerza trabajadora a largo plazo y consumo instantáneo para los grandes capitales, porque una guagua significa gastos que las madres –y los padres, si los hay- generalmente solucionan con calillas.
Daniela había comenzado a trabajar como analista económica del INE en el proyecto “I+D: Innovación y Desarrollo”, en el mes de Enero. Su contrato de trabajo era “a honorarios” y “por proyecto”. En febrero sintió dolores abdominales y fue al Hospital luego de que un médico le diagnosticara apendicitis, pero era una pérdida fetal. La hospitalizaron por 4 días y le dieron reposo absoluto por dos semanas. Luego volvió al trabajo ya recuperada. En la licencia se indicaba sobre su embarazo por lo cual su patrón se enteró de su condición.
Al volver al INE no le entregaron tareas:
“Noté que algo había cambiado, ya que todos mis compañeros tenían cargas de trabajo asignadas, menos yo. Debía ir a tomar información a empresas, pero mi supervisora dijo que iría otra persona, que yo ‘esperara a saber qué iba a hacer’… Me lo dijo como si yo tuviera una enfermedad contagiosa”, cuenta Daniela.
Trabajo precario en tierra de nadie
Vino el despido. Daniela, en ese entonces madre de una hija y con otra en camino, trabajadora de 30 años –historiadora-, se fue a vivir de allegada con su madre porque cesante no pudo seguir sosteniendo su sobrevivencia autónoma.
No logró su reintegro ya que su trabajo era precario, igual como el trabajo de una gran cantidad de profesionales, técnicos y otros trabajadores y trabajadoras en las instituciones del Estado de Chile.
El INE es una institución pública, por ello no es regulada por la Inspección de Trabajo, sino por la Contraloría General de la República. Daniela relata:
“En la Contraloría me dijeron que nada se podía hacer ya que mi contrato no señalaba si había o no fuero, y decía que me pueden despedir sin expresión de causa”.
Trabajadoras y trabajadores del sector público, contrataciones a honorarios o incluso quienes tienen contratos, no acceden a los ya escuálidos derechos laborales existentes en una Legislación que data de una Dictadura de hace casi 41 años, y que ningún Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, ha derogado.
Según un documento de 2010 de la Escuela Sindical de la U. de Chile, las y los trabajadores del Estado “quedarían excluidos del procedimiento de tutela” . No lo comprendemos y por ello acudimos a la Oficina de DD.HH. de la Corporación de Asistencia Judicial de la RM, que es la que ha llevado el caso. Me explican que es un término que en forma general significa garantizar y resguardar los derechos fundamentales de los trabajadores y que con la reforma procesal laboral se implementó este procedimiento especial de acción de tutela. Es una acción regulada en el artículo 485 del Código del Trabajo, pero así y todo, pareciera que cuesta enormemente que se renueven los criterios de los jueces. No aplican la ley con una mirada de derechos humanos. En este caso la jueza en el primer fallo no aplicó la ley Zamudio.
…¿O sea, las trabajadoras –y trabajadores- del Estado están en tierra de nadie… o en territorio de la Clase Política de turno en el Gobierno, y en manos de las ideas fijas de los ministros de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema que no analizan los casos a la luz de la contingencia social y cultural?
¿Protección a la Maternidad?
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, dicta ciertos “derechos laborales” para las trabajadoras. El Convenio Nº 183 revisa y actualiza el Convenio 103 para la protección de la maternidad, su Artículo 8.1 dice
“Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la licencia mencionada en los artículos 4 ó 5, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un periodo que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias a la lactancia incumbirá al empleador”.
El Artículo 8.2 garantiza a la trabajadora el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a uno equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad. Y más fantasías: El Artículo 9.2 incluye la prohibición de que se exija a una trabajadora que solicita empleo que se someta a un examen para comprobar si está o no embarazada o bien que presente un certificado de dicho examen. –Ya sabemos que muchas trabajadoras deben “probar” no estar embarazadas para acceder a diversas plazas de trabajo-. El punto es que el Estado de Chile ratificó en 1952 el Convenio 103 sobre la protección de la maternidad, también lo hizo el 14 de octubre de 1994 nuevamente, pero NO ha ratificado la revisión del año 2000 del Convenio número 183(3). Y no parece una simple casualidad, sino un cálculo político muy conveniente en favor de los patrones. Así, en términos simples, todo lo que se ha agregado al convenio y modificado no es vigente ni obligatorio para Chile, hasta que no se ratifique.
El INE de la “Nueva Mayoría”…
Daniela en 2013 solicitó el apoyo de la Oficina de DDHH de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana e inició una demanda por discriminación ateniéndose a la Ley Zamudio. En primera instancia la jueza la rechazó, sin embargo el 7 de junio de 2014 la Corte de Apelaciones dictó la siguiente sentencia que dice al final:
"se REVOCA la sentencia de seis de mayo de dos mil catorce, escrita a fs. 207 que rechazó la demanda planteada en autos, y se declara que esta se acoge la demanda deducida a fs. 1 por Daniela Gigliola López Folle en contra del Instituto Nacional de Estadísticas, debiendo esta institución reintegrarla en el puesto que detentaba antes de su despido, y pagarle los honorarios devengados durante su separación, con costas”.
“Con costas” significa que todos los gastos personales, jurídicos y otros, deben ser pagados por INE y las costas son todos gastos que surgen a consecuencia de la causa. Esto es muy importante porque en el fallo de primera instancia no se reconoció nada, en cambio en el fallo de segunda instancia se condenó a INE, o sea, los ministros de la Corte de Apelaciones, fallaron sobre el tema de fondo. Por otra parte Daniela actuó por medio de la Corporación de Asistencia Judicial gozando del “beneficio de pobreza” por lo cual, no tuvo costo alguno.
El Gobierno cambió. La oficialmente “Nueva Mayoría” –ex Concertación de Partidos Por la Democracia- dirige ahora el Estado con un recargado discurso de Equidad, Igualdad de Oportunidades -y otras curiosidades- “para las mujeres”, pero “alguien de INE se comunicó telefónicamente con Daniela López Follé y le dijo
“que INE seguirá hasta la última instancia, es decir pedirá un recurso de casación ante la Corte Suprema”.
Interesante gestión la actual, tan materna y suave, pero ¿INE apelará para no reintegrar a una trabajadora discriminada? Daniela vivió acoso laboral, fue apartada de sus funciones sin razón, fue presionada a firmar un finiquito, no le pagaron sus licencias, cambió su situación social de un día para otro por la pérdida de su trabajo… ¿y no habrá reparación?
Por
Victoria Aldunate Morales.
