Al conmemorarse este 25 de agosto un año más de la muerte de Manuel Gutiérrez tras recibir un disparo de un carabinero cuando observaba una manifestación social, Amnistía Internacional recordó al Estado de Chile que “tiene la obligación de dar nuevos pasos para enfrentar la impunidad en casos de violencia policial”.
La organización señaló que “la tipificación del delito de tortura, la discusión del proyecto de ley para establecer un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la modificación del Código de Justicia Militar, si bien, son avances importantes que permiten enfrentar este tipo de violaciones a los derechos humanos, no constituyen el final del camino”.
Por años Amnistía hizo campaña exigiendo que casos de violaciones a los derechos humanos no fueran vistos en la Justicia Militar. Una situación que finalmente fue corregida en noviembre del año pasado. Sin embargo, la organización sostiene que “hoy la tarea pendiente es garantizar que existan recursos y que se dé prioridad para que las investigaciones que recayeron en la justicia ordinaria avancen con prontitud y sean sancionadas de manera efectiva e imparcial”.
“Todos los pasos dados son insuficientes si no se adoptan también medidas preventivas para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de las policías, incluyendo la adecuación de protocolos policiales a las normas internacionales, capacitación y equipamiento correcto de las fuerzas de seguridad. Además de asegurar los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de esos protocolos”, apuntan.
Otra preocupación que levanta Amnistía Internacional es la estrecha relación de trabajo que existe entre la Fiscalía y Carabineros para la investigación de los delitos cometidos por los mismos carabineros. “Para avanzar en la transparencia e imparcialidad es urgente resolver el conflicto que se genera por el hecho que la Fiscalía lleva causas en las que los carabineros son los imputados, quienes a su vez son sus aliados en la labor de investigación. Se debe buscar soluciones, como crear una unidad especializada dentro del Ministerio Público que investigue causas de violencia policial”, declara Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Lamentablemente el abuso por parte de las policías, haciendo uso excesivo de la fuerza en diversos contextos, sigue siendo un problema grave, persistente y normalizado. El organismo plantea que si Chile no aborda la problemática de la violencia policial de manera integral, dando señales enérgicas contra la impunidad, “pone en tela de juicio los derechos humanos de quienes quieran ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente”. “No se le gana a la impunidad si el Estado no ofrece una reparación correcta a las víctimas; esto incluye compensación, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición”, postula Piquer.
Finalmente, Amnistía declara que resulta imprescindible ajustar la legislación interna a las normas internacionales de derechos humanos en cuanto al ejercicio de derechos, tales como la libertad de reunión pacífica, asociación y de expresión. “Las medidas de resguardo del orden público deben estar siempre en pleno respeto de los derechos humanos de todas las partes involucradas. Sin garantizar los derechos humanos, no hay seguridad para nadie”, concluye Ana Piquer.
