El legado de Pinochet como narcotraficante no ha sido demasiado difundido, algo que no sorprende demasiado considerando el monopolio ultraderechista de los medios de información.
Y es que al fascismo no le molesta que Pinochet haya sido un dictador, un asesino y un genocida, pero si que haya sido un ladrón que desfalcó al Estado y más aún un narcotraficante. Ya que eso acaba con su argumento de que “fue un héroe que rescató al país”. El objetivo, más allá de enriquecerse ilegalmente, sigue el mismo principio de las erradicaciones de las poblaciones hacia la periferia de Santiago: Aislar y destrozar a los sectores juveniles de la sociedad, bastiones históricos de la lucha contra la Dictadura. Artículos de Hommodolars y El Mostrador relatan la historia.
“A mediados de los 70, en la frontera de la Región de Tarapacá, se sabía de la existencia de cocaína, pero no había un consumo importante ni control, por el contrario. Chile era un pasadizo para la cocaína que iba camino a Europa y EEUU. A mediados de los 80, el consumo y el tráfico se masificaron. La pasta base llegó a Arica e Iquique antes de 1985. A fines de los 80 se instaló, y a principios de los 90 se extendió por el país”, dice el suboficial (r) de carabineros José Castillo, ex jefe de retén en Huara, durante la dictadura. Pareciera no ser coincidencia que durante los años en que la cocaína y la pasta base ingresaban a Chile desde Bolivia y Perú, en esos países también imperaban sangrientas dictadura, que propiciaron y protegieron el narcotráfico. Poblaciones como la Jorge Inostroza, Isluga, Las Dunas, y Laguna Verde, en Iquique; y El Boro, La Pampa y La Negra en Alto Hospicio, han vivido durante décadas bajo el submundo de las bandas de narcos.
Edith Arancibia, dirigenta de la toma Laguna Verde, en la periferia de Iquique -donde malviven en los faldeos del cerro más de 600 familias hace 14 años-, dice que “los narcos no respetan a nadie. Manejan mucho dinero; ‘compran’ y ‘mojan’ a policías y autoridades a todo nivel… Sólo detienen a microtraficantes, algunos salen a la semana o meses y ahí están otra vez vendiendo y consumiendo, pero los que lucran a manos llenas con esto no les pasa nada”. Los carteles forman verdaderos ejércitos y redes con policías, jueces y “respetables” empresarios, políticos y autoridades. “Los grandes traficantes no están en las cárceles”, dice la alcaldesa de PAC, nacida en La Victoria, población azotada por la droga. “Es un problema social que ha estigmatizado a La Victoria desde fines de la dictadura cuando llegó la pasta y la coca”. En La Legua, la Yungay, la Villa O´Higgins, el Castillo, la Pincoya, y otras poblaciones de Santiago, pasa exactamente lo mismo. Los recursos para combatir el narcotráfico son insuficientes, y el tráfico aumenta amparado en el modelo económico que permite que se erijan prósperos empresarios ligados a la droga.
La pasta se ha convertido en la excusa ideal para institucionalizar la represión policial en poblaciones y sectores juveniles otrora combativos bastiones de la lucha contra la dictadura. Según el gobierno más de un 70% de quienes cometen delitos lo hacen bajo la influencia de alguna droga; el 87%, después “de haberse pegado un pipazo de pasta”. Droga y aumento de la violencia son analizados con lujo de detalles por la Fundación Paz Ciudadana, la joyita del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards. Un estudio de la UC consigna que sólo un 23,5% de los dependientes de la pasta ha recibido tratamiento. No hay centros especializados para la rehabilitación de niños adictos. La “angustia” hoy se vende a $500 o menos. Los microtraficantes la mezclan con yeso de murallas, comida para perros, bicarbonato o cualquier cosa. La ceniza de cigarro o de la misma pasta sirve de “cama” para otra dosis. Para el siquiatra Alberto Minoletti, la pasta destruye el cerebro de forma progresiva: “Las neuronas no se recuperan. Se pierden habilidades como las de relacionarse, trabajar o estudiar”, dice.
En 1996, un estudio de la ONU reveló que Chile “lavaba” 1.000 millones de dólares anuales. Dos años después, la Comisión Andina de Juristas, afirmó que nos ubicábamos después de Colombia “en el lavado” con más de 2.000 millones de dólares anuales. Más del 805 de los narcodólares terminaban en bancos de EEUU. Hoy ya nadie se atreve a dar cifras. Tampoco se sabe mucho sobre la exportación de ácido sulfúrico, que se usa como precursor en la elaboración de cocaína. Seguimos siendo un atractivo mercado, puerto y punto de embarque. Más del 70 por ciento de la cocaína y la pasta ingresan por los pasos fronterizos y puertos de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Según el OS-7 de Iquique las principales redes de narcos “son familiares y están vinculadas, de una u otra forma, con organizaciones extranjeras”. “No hay carteles, al modo de Colombia o México y el microtráfico es el último eslabón en la red de distribución de las bandas”.
Casi un 80% de los reos en Arica e Iquique pagan culpas por tráfico aunque empresarios, proveedores y financistas rara vez llegan a la cárcel. Los grandes capos no caen, salvo escasas excepciones, como el dueño de Aerocontinente, Fernando Zevallos, que operó en Chile por años, condenado en Perú junto a la banda Los Norteños por recibir un millón y medio de dólares para enviar droga en vuelos de la aerolínea a México, EEUU y Europa. O el caso del empresario naviero Manuel Losada, cuyo naviero -Harbour- fue descubierto por guardacostas de EEUU cargando cinco toneladas de cocaína del Cartel de Cali. No fueron aciertos de la policía chilena. Un aspecto poco conocido es que magnos narcos chilensis poseen conexiones con ex agentes, funcionarios y parentelas de la dictadura.
En la investigación de los asesinatos de los agentes de la DINA Gerardo Hüber y Eugenio Berríos quedaron en evidencia algunas redes. Hüber trabajó con Michael Townley en la fabricación de armas químicas. Le destinaron al Complejo Químico del Ejército, en Talagante, donde incluso las ofició de gobernador. En 1991, en la Dirección Logística del Ejército, estaba a cargo de la compra y venta de armas al exterior. Pinochet estaba al mando de este tráfico por el que recibía comisiones a través de compañías offshore y de fachada. Cuando se descubrió el tráfico ilegal de armas chilenas en Budapest, Hüber fue asesinado poco tiempo antes de que atestiguara. El bioquímico Berríos, asesinado en Uruguay, en 1995, por miembros de los ejércitos chileno y uruguayo, trabajó con Hüber y Townley. Berríos, implicado en el caso Letelier, producía la mítica cocaína negra, demás del gas sarín. Hoy se investiga su participación en la muerte del ex presidente Frei Montalva. Berríos fue ayudante de Townley en el cuartel de la Agrupación Quetropillán, dependiente de la Brigada Mulchén de la DINA. Vivió en la casa de Townley, en Lo Curro, donde mantenían un laboratorio. A fines de los 70, Berríos se integró al Complejo Químico Industrial del Ejército. Cuando comenzó el negocio de la cocaína y la pasta base en Chile, la élite del narcotráfico se codeaba con la alta sociedad de Viña del Mar, donde la figura era el empresario Losada.
Se sabe que el narco Carlos Zuluaga -representante del cartel de Cali y después del de Medellín en Chile- tenía de “contacto” a un coronel de inteligencia militar. Traían cocaína del exterior para reelaborarla en Viña donde la transformaban en cocaína líquida para enviarla a EEUU en botellas de vino. También en Viña vivió el narco peruano Máximo Bocanegra, ex agente de inteligencia militar y amigo de Vladimiro Montecinos. Todos eran íntimos de Berríos y de ex agentes de la DINA y la CNI. Con total impunidad cargamentos de droga eran despachados desde la Fábrica de Material de Guerra del Ejército (FAMAE) y llevados en vehículos militares al Aeropuerto Pudahuel. Su destino era principalmente Europa y puntos intermedios, a menudo el Aeropuerto de Port au Prince (Haití) o Islas Canarias. Hoy se sabe que Pinochet mantenía cuentas secretas en el Banco Riggs y otros proveídas con recursos de la Casa Militar, pero aún no está claro el origen de los más de 20 millones de dólares.
Varias investigaciones periodísticas dejan entrever que el tráfico de drogas y el de armas podrían ser la explicación de la suculenta fortuna. Pinochet. The Politics of Torture (1999) de Hugh O’Shaughnessy, Traficantes & Lavadores (1996) de Manuel Salazar, y La Delgada Línea Blanca. Narcoterrorismo en Chile y Argentina (2000) de Rodrigo De Castro y Juan Gasparini, revelan conexiones entre la dictadura, la familia Pinochet y el tráfico de drogas. En Asesinato en Washington (1980) los periodistas Dinges y Landau informan que Manuel Contreras, director de la DINA, “dio protección a narcotraficantes recibiendo por ellos pagos que fueron a la DINA y al lobby cubano anticastrista”, lo que demuestra que las “conexiones y negocios” involucraron al alto mando de la dictadura, las FFAA y los servicios de seguridad. Una forma de “financiar” las operaciones exteriores de la DINA y posteriormente de la CNI habría sido el comercio clandestino de drogas y el tráfico de armas. Negocios entre Marco Antonio Pinochet y el narco Yamal Edgardo Bathich fueron investigados, y son parte del libro de De Castro y Gasparini. Pinochet Jr. y Bathich eran accionistas de Chile Motores. Posteriormente el narco colombiano Jesús Ochoa se hizo socio de la compañía, que cambió a Focus Chile Motores. Bathich mantenía negocios con su primo, Monzer Al Kassar, traficante de armas sirio, condenado en Londres por tráfico de drogas.
Existe un convincente panorama de vinculaciones no santas entre la dictadura y la droga. Frankell Baramdyka, infante de marina de EEUU, que traficó droga y dinero en el Caribe bajo órdenes de oficiales norteamericanos en beneficio de los “contras” estaba casado con una chilena, accionista de la pesquera Redes del Pacífico. Baramdyka llegó a ser gerente general de esta empresa pantalla que “exportaba” droga. Baramdyka aseguró que sus “contactos” colombianos se abastecían de materias primas para la elaboración de cocaína en el Complejo Químico Industrial del Ejército. Dijo también que la CNI organizó en Europa una red de venta de cocaína y que en 1987 organizaron vuelos con embarques de cocaína disimuladas en envíos de bombas de racimo. Se dice que Berríos mezcló cocaína con sulfato ferroso y otras sales minerales para quitarle el olor y hacer más fácil su exportación. Berríos y otros ex agentes e incluso altos oficiales del régimen militar habrían formado una red de tráfico que abastecía a Australia y Europa, principalmente. “Berríos se reunió en Argentina y Montevideo con sus socios narcos mientras estaba bajo custodia de la inteligencia militar chilena y uruguaya. Era una organización secreta criminal conformada por miembros activos y en retiro de los aparatos del Ejército que, además de cómplices de encubrimiento, se dedicaron al lucro ilícito a través del tráfico de armas, estafas, fraudes, evasión tributaria e incluso, al comercio de estupefacientes y de sustancias químicas prohibidas”, dice el periodista Manuel Salazar. Detectives que investigaron la desaparición de Berríos en Uruguay recibieron antecedentes que les permitieron detener en septiembre de 1993, en una lujosa mansión de Lo Curro, al narco peruano Jorge Saer, que se encontraba ilegalmente en Chile.
Era buscado por Interpol en Inglaterra, Australia, Italia, España y Alemania -donde lo sindicaban como uno de los principales involucrados en la internación de 2.854 kilos de cocaína a Berlín-. “Un día antes que la Suprema aprobara su detención preventiva para ser deportado, Saer obtuvo la libertad bajo fianza y salió de la ex Penitenciaría, donde estaba recluido, para huir al extranjero”, dice Salazar. Saer era socio de otro narco, Juan Cornejo Hualpa, ambos tenían empresa de importaciones y exportaciones como fachada. La captura inicial de Saer provocó la huida de Cornejo, que abandonó bienes avaluados en dos millones de dólares, incluyendo también una mansión en Lo Curro. “Se presume que Berríos consiguió procesar un tipo de cocaína sin olor, o bien encontró un nuevo método para refinarla con alta pureza. Se cree que el bioquímico consiguió cambiar el proceso de maceración de la pasta base. Resultan de especial interés los últimos contactos que hizo Berríos en Chile antes de desaparecer: se comunicó con agentes de la DEA y con un detective antinarcóticos del norte de nuestro país. El bioquímico ofreció información a cambio de protección. Pero, ¿cuáles fueron los motivos de Berríos para comunicarse con la DEA? ¿Se sentía abandonado por los ex agentes de seguridad del régimen militar y quiso buscar un nuevo alero protector? ¿Estaban coludidos los narcotraficantes con oficiales de la inteligencia militar?”, se pregunta Salazar.
No es coincidencia que durante los años en que la cocaína y la pasta base se instalaron en Chile, Perú y Bolivia vivían sangrientas y mafiosas dictaduras que colaboraron con el Plan Cóndor, y admiraban los métodos de Pinochet y la DINA, y que, además, respaldaron y apadrinaron el narcotráfico como método para financiar sus operaciones genocidas. El mítico Klaus Barbie -el carnicero de Lyón-, fue agente de las SS y la Gestapo durante el régimen Nazi. A pesar de ser un criminal de guerra fue protegido y trabajó para las agencias de inteligencia de Inglaterra y EEUU, que no lo entregaron para ser juzgado en Nuremberg. Barbie huyó a Argentina y después a Bolivia gracias a la ayuda de la Iglesia Católica. En La Paz -¡Oh coincidencia!- se dedicó al narcotráfico. Fue el protegido de los dictadores Hugo Banzer y Meza García, quienes respaldaron el narcotráfico. Barbie usaba el nombre de Klaus Altmann e incluso trabajó como torturador en Perú y Bolivia. Eran los años setenta y ochenta, del Plan Cóndor, la transnacional del terror… y del tráfico.
MANUEL CONTRERAS
Manuel Contreras fue el director de la DINA. Desde ahí, se pensaron y articularon las más brutales acciones de represión política, asesinatos, tortura y violación de derechos humanos de que tengamos memoria. Su orgullo declarado tras haber dirigido estas operaciones, son una razón más que suficiente para que una sociedad que todavía sufre las heridas de la dictadura sienta que la condena a cadena perpetua en una cárcel de lujo no fue suficiente. Alimentado del orgullo con el que mira su pasado y los constantes intentos de negociar salidas alternativas a su condena, el Mamo Contreras no ha tenido reparos en compartir información. Suficiente o no, ha sido tremendamente valiosa. En 1988 intentó negociar con Estados Unidos una salida a su condena por el asesinato de Orlando Letelier, por medio de la entrega de información. Fue ahí donde el creador de la Operación Cóndor reveló la participación que uno de los hijos del general Pinochet había tenido en actividades de narcotráfico. La arista captó la atención de muchos, pero en especial de la DEA y volvió a reflotar durante el caso Riggs. De cierta manera, la tesis del tráfico de cocaína ayudaba en gran parte a explicar el origen de los fondos que el general tenía ahorrados en el extranjero.
Pero la red era mucho más compleja. Por medio de Chilena Motores, se presume que toneladas de cocaína ingresaron a Chile para ser procesadas y luego exportadas. La empresa con filial en Los Ángeles, California, había servido como el brazo comercial de las operaciones, usando a EE.UU. como punto focal de recepción de la droga. El negocio no se componía solo de cocaína, sino que también del tráfico de una serie de precursores para la producción de drogas sintéticas. En 1993, el narcotraficante estadounidense Iván Baramdyka da una entrevista donde entrega detalles de los nexos de Marco Antonio Pinochet, sus redes en el Ejército y el rol de Álvaro Corbalán. El rol que jugó el Ejército en este caso, tenía como centro de operaciones el Complejo Químico del Ejército en Talagante, donde se acusaba que uniformados vendían precursores químicos a carteles internacionales para la elaboración de drogas. La empresa con filial en Los Ángeles, California, había servido como el brazo comercial de las operaciones, usando a EE.UU. como punto focal de recepción de la droga. El negocio no se componía solo de cocaína, sino que también del tráfico de una serie de precursores para la producción de drogas sintéticas. En 1993, el narcotraficante estadounidense Iván Baramdyka da una entrevista donde entrega detalles de los nexos de Marco Antonio Pinochet, sus redes en el Ejército y el rol de Álvaro Corbalán. El rol que jugó el Ejército en este caso, tenía como centro de operaciones el Complejo Químico del Ejército en Talagante, donde se acusaba que uniformados vendían precursores químicos a carteles internacionales para la elaboración de drogas.
Baramdyka fue el vínculo entre las operaciones que nacían en el consulado de Chile en Los Ángeles, que luego se articulaban en los laboratorios nacionales, gestionaban los movimientos de droga desde la FAMAE y finalmente lograban sacar la cocaína del país vía aviones del ejército o transporte privado. Su tarea principal tenía que ver con el lavado de dinero generado en EE.UU., labor que ejercía supuestamente gracias a una red de azafatas de Lan Chile que le permitían mover millones de dólares y presuntamente armas y cocaína. Pero la historia se remonta también a los tiempos de Allende. Una de las grandes excusas que usaría el Gobierno Militar para recibir apoyo desde la DEA, tenía que ver con las acusaciones que se hacían a Salvador Allende de supuestamente haber estado financiado por carteles. Estas acusaciones nunca fueron demostradas, pero sí fueron funcionales al momento de recibir apoyo desde el norte.
Augusto Pinochet se adjudicó un gran golpe al narcotráfico, cuando durante los primeros años de la dictadura barrió con una serie de carteles que operaban en Chile. Esta fue sin duda, una pelea por posicionarse en el mercado, eliminando a su competencia. Así, el dictador incursionaría en transformarse en el dueño y señor del tráfico en Chile. Una serie de académicos colombianos argumentan que fue gracias a los grandes golpes que Pinochet dio al tráfico de cocaína, que el problema se desplazó a Colombia. Hay coincidencia en las fechas del inicio del auge de la producción y tráfico ahí, con los inicios de la dictadura. Sin embargo, al parecer el general fue más astuto. Nos hizo pensar a todos que el problema se terminaba en Chile y se movía a Colombia. Sin embargo, su golpe de Estado a la democracia, también iba acompañado de un coups d’état al narcotráfico, solo para apropiarse del negocio.
El propio Manuel Contreras ratificó la historia ante el fiscal Héctor Barros, jefe de la unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía Sur, la acusación de que la familia Pinochet se enriqueció mediante el narcotráfico. “Efectivamente, ratificó sus dichos”, dijo el funcionario del Ministerio Público, tras interrogar largamente a Contreras en el penal Cordillera, donde cumple una condena a 12 años por la desaparición de un detenido durante la dictadura. El abogado explicó que el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue interrogado “en su calidad de imputado” por la querella que presentó en su contra el hijo menor de Pinochet, Marco Antonio Pinochet Hiriart. De esta manera Contreras reiteró sus dichos al juez Claudio Pavez, a quien le hizo llegar un informe en el que inculpa a Augusto Pinochet y su familia por la producción y distribución de la llamada “cocaína negra”, una variedad de la droga que no puede ser detectada y que se fabricaba en dependencias del Ejército.
Para más información se recomienda la lectura del libro: “La Delgada Linea Blanca” de los periodistas Rodrigo de Castro y Juan Gasparini.
Más de 270 páginas tiene el informe que la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI elaboró en el marco de la investigación sobre los emisores de boletas a la minera Soquimich que están ligados al partido Unión Demócrata Independiente (UDI).
